El juicio con más acusados del país por supuesto blanqueo de capitales e integración en una organización criminal ha empezado este viernes en Cáceres con la lectura de cargos a los 117 inculpados, que se han declarado inocentes y cuyos abogados han coincido en decir que es "un juicio contra la etnia gitana".

Hay un dispositivo especial de seguridad y el salón de actos de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo ha sido habilitado como sala de vista para albergar a los acusados, a 38 abogados, a la representante del Ministerio Fiscal, a los tres magistrados y al equipo de informática y funcionarios de la Audiencia de Cáceres.

Tras ser identificados por agentes de la Policía Nacional, hacia las 09.30 horas los procesados han ido pasando a la sala. Entre ellos se encontraban los considerados como cabecillas de la supuesta trama, conocidos como El Johnny y El pastor. La Fiscalía solicita para los dos la pena de nueve años de prisión, mientras que para el resto la petición es de ocho años.

Para todos se pide el pago de multas que en total alcanzan más de 32 millones de euros y, de manera individual, para algunos se eleva a la cifra de un millón y medio.

Los acusados son todos de etnia gitana, de varios clanes familiares, y la mayoría viven en el barrio de San Lázaro de Plasencia, aunque también hay algunos de Cáceres, Navalmoral de la Mata y Madrid.

Antes de empezar la vista, los abogados defensores han coincidido en indicar a los medios de comunicación que se trata de "un juicio contra la etnia gitana" y que "se ha metido a todos en el mismo saco por llevar el mismo apellido".

A todos se les acusa de blanquear al menos 13 millones de euros, procedentes supuestamente de la venta de drogas, a través de numerosas cuentas corrientes de las que eran titulares muchos menores de edad, con una relación familiar entre la mayoría.

En la primera sesión se han tratado las cuestiones previas, que serán resueltas por la Sala a lo largo de la próxima semana. Las declaraciones de los acusados comenzarán el 23 de octubre y se espera que el juicio se alargue durante seis meses.

El letrado Estanislao Martín, que defiende a seis de los acusados, ha asegurado que el dinero que tenían en sus cuentas "procedía de su actividad laboral y ahorros de toda la vida". "Se ha hecho una tabla rasa sólo por ser familiares o tener apellidos en común", ha indicado.

Sobre El pastor, el letrado ha dicho que pidió un crédito a su nombre de 300.000 euros para construir una Iglesia en una nave de Plasencia y que el dinero que ingresaba para pagar el préstamo procedía de las donaciones de los feligreses, aunque figure él como titular.

Con respecto a El Jhonny, en prisión por un tiroteo entre clanes familiares ocurrido en el mes de agosto, la Fiscalía señala en el escrito de la acusación que, a pesar de casi no tener ingresos, realizó en el Banco Popular 40 entregas de dinero a 29 personas.

José Antonio Cartagena, otro de los abogados, ha señalado que defiende a tres matrimonios, de uno de los cuales ha dicho que tiene 80 años y que los 60.000 euros de su cuenta eran "los ahorros de toda una vida". De los otros dos ha argumentado que el dinero procedía de la actividad del mercadillo, "donde siempre cobran en efectivo", y que si están en el banquillo "es por su apellido".

Las cuentas investigadas tienen una media de 60.000 euros pero otras llegan a cientos de miles de euros y hay un menor de edad que es titular de ocho cuentas bancarias. Una de las acusadas abrió supuestamente a nombre de su hijo menor una cuenta en el Banco de Santander y otra en el BBVA, que tuvo un volumen de fondos de 398.000 euros, apunta el Ministerio Fiscal.

El origen de la investigación está en los servicios centrales de una entidad bancaria, que alertó a la Agencia Tributaria de los movimientos continuos y de grandes cantidades de dinero que se estaban realizando en algunas sucursales de Extremadura. Se han investigado los movimientos de cuentas de estas familias entre los años 2005 y 2014.