El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca será absuelto de un delito urbanístico en el llamado caso Incopromar al retirar los cargos la acusación, mientras que el ex alcalde Julián Muñoz se enfrenta a una pena de 18 meses de cárcel y ocho de inhabilitación.

En la última sesión del juicio, celebrada hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, la juez ha anunciado que dictará una sentencia absolutoria para Roca después de que la acusación -ejercida por PSOE, IU y Los Verdes- retiraran los cargos contra él al considerar que el convencimiento moral de la realización de un hecho "no tiene cabida en el derecho".

Por este caso, la acusación popular solicitaba la pena de seis meses de prisión y veinte años de inhabilitación para Roca por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Por su parte, el Fiscal mantiene la pena de 18 meses de cárcel y ocho de inhabilitación tanto para Muñoz como para los otros ex seis ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) imputados en este procedimiento, en el que se enjuicia la construcción de un edificio de viviendas en una parcela destinada a uso público.

El Ministerio Público sostiene que la licencia urbanística para la construcción de un edificio de 68 viviendas, locales y aparcamientos se otorgó a la sociedad Incopromar "a sabiendas de la injusticia" que se cometía y en base a las necesidades del promotor.

En este sentido, ha señalado que la conducta de los concejales que formaban la Comisión de Gobierno, celebrada el 4 de julio de 1997, fue "dolosa e intencional" al acordar el permiso conforme a un planeamiento en revisión y, por tanto, que no había sido aprobado de manera definitiva por el organismo competente.

Manipulación de las actas públicas

Respecto a la manipulación de la actas, ha recalcado que es raro que no exista "ni la más mínima prueba que desvirtúe ese documento público", tal y como aseguraron algunos acusados durante su declaración, y considera acreditado quiénes fueron los integrantes de aquella comisión y cuál fue el objeto de su votación.

La acusación ha lamentado que el proceso judicial se haya dilatado en el tiempo y que se juzguen unos hechos diez años después de haber transcurrido.

En su alegato ha pedido la pena de tres años de inhabilitación para los ex ediles, a los que considera autores de un delito de prevaricación, y ha manifestado que aunque estos sólo asentían en aquellas comisiones, no pueden ser ajenos a un procedimiento penal.

Por otro lado, la defensa de Julián Muñoz ha argumentado que el edificio construido por la empresa Incopromar cumplía con la normativa vigente en aquellos años y que, según expuso, era la Ley del Suelo "ante la ausencia de un planeamiento" urbanístico vigente.

En este procedimiento están acusados además de Muñoz, los ex ediles Manuel Calle, Rafael González, Mario Jiménez, María Luisa Alcalá, José María Pomares y Juan Antonio Yagüe, un hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe que se encuentra en busca y captura.

El juicio, en el que también está imputado el que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde Jesús Gil José Luis Sierra, fue suspendido el pasado mayo al no recibir notificación de su celebración la defensa de Roca.

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