La que era jefa de servicios territoriales de Enseñanza en Barcelona Comarcas, Montserrat Llovet, ha asegurado que no hubo represalias a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro educativo para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

A preguntas de la defensa en su declaración como testigo en la sesión del juicio de este martes, Llovet ha explicado que, tras esta negativa, consideró que lo mejor era que este centro no fuese sede del proceso participativo.

Llovet -ahora directora general de Secundaria Obligatoria y Bachillerato- ha admitido que se negó a darle por escrito a esta directora la orden de cesión de los centros y también ha explicado al tribunal que lo que le dijo esta directora es que quería llevar el escrito a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Esta alto cargo de la Conselleria de Enseñanza también ha admitido que se negó a responder por escrito a los directores de secundaria ante la petición de algunos de que así lo hiciera sobre el uso de los centros educativos para la consulta sobre la independencia.

Según ha explicado a preguntas del fiscal, no lo hizo porque no lo consideró "pertinente" y ha sostenido que era suficiente con decírselo de palabra en una reuniones mantenidas a mediados de octubre de 2014.

Por otro lado, un inspector de Educación de Barcelona ha denunciado este martes en el juicio por el 9N que la Generalitat "presionó" a directores de instituto para que cedieran los centros para la votación, ante lo que recomendó a las dos escuelas bajo su competencia que no entregaran las llaves sin una orden por escrito.

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se celebra este martes la segunda sesión del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, con las primeras testificales, centradas en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta.

El primer testigo en comparecer ha sido el inspector de Educación Josep Rafael A.D., adscrito al área de Barcelona-Comarcas, que ha asegurado que la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa B., que también está previsto que declare este martes, se resistía a entregar las llaves del centro para la consulta ya que no recibía ninguna directriz por escrito.

Ante esta situación, según el testigo, la directora recibió "presiones", con llamadas de los responsables de Enseñanza para que les entregara las llaves.

Finalmente, esta directora acabó entregando las llaves en los días previos a la votación porque la Generalitat le remitió un recibo, sin firma y únicamente con un sello de los Servicios Territoriales de Enseñanza, en el que se le eximía de cualquier responsabilidad, aunque según el inspector no suponía ninguna garantía, por lo que le dijo: "Me parece que te han engañado".

El inspector también ha denunciado que, antes de la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional -el 4 de noviembre-, la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza, Montserrat Llobet -que también comparecerá hoy-, convocó dos reuniones con directores de institutos, donde se les "forzó" para que cedieran los centros para la votación, sin darles instrucciones por escrito.

El testigo ha explicado que envió un informe al inspector jefe, Francesc Guell, que también declarará hoy, aunque para denunciar estas supuestas "irregularidades", si bien no recibió ningún tipo de respuesta

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha agradecido su puntualidad al inspector de Educación.

A diferencia de este lunes, en que el expresidente catalán Artur Mas llegó a la sala de vistas del TSJC con casi media hora de retraso, el juicio por la consulta independentista del 9N se ha iniciado este martes con puntualidad, minutos después de las 09.00 de la mañana, con la declaración del primero de los testigos.

En un comentario poco habitual en los interrogatorios en vistas judiciales, Emilio Sánchez Ulled, uno de los dos fiscales que lleva el caso, ha dedicado unas palabras de agradecimiento al testigo por su puntualidad.

El fiscal ha deslizado este comentario después de que este lunes Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau llegaran a la sala a las 09.27 horas, cuando estaban citados a las 09.00 horas de la mañana, mientras se daban un baño de masas frente al Palau de Justicia, arropados por los miles de manifestantes que se concentraron a las puertas del edificio judicial.

El retraso de los encausados llevó al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a llamar a abogados y fiscales a la sala para advertirles de que, si a las 09.30 horas no habían comparecido ante el tribunal, convocaría una vistilla para que las partes pudieran plantear las medidas cautelares que creyeran oportunas.

La mañana de este martes, sin embargo, los encausados han llegado a la sala de vistas -sin concentraciones frente al Palau de Justicia- un cuarto de hora antes de la hora fijada para el inicio del juicio, lo que ha permitido comenzar la vista oral con puntualidad.

A diferencia de ayer, en que permanecieron sentados en el banquillo de los acusados, Mas, Ortega y Rigau han ocupado hoy un asiento lateral respecto al tribunal y situado junto a sus abogados, una situación que la ley permite para garantizar que los procesados puedan comunicarse constantemente con sus abogados.

De hecho, ha sido el propio presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien antes del inicio de la vista oral ha dado a los acusados la oportunidad de cambiar el asiento para situarse junto a sus abogados -aunque en un plano inferior en altura respecto al entarimado que ocupan tanto el tribunal como fiscales y abogados-, lo que éstos han aceptado.

La directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, ha negado en el juicio haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona Comarques en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9N.

Al declarar como testigo, Bosch ha dicho este martes que en esa reunión del 16 de octubre de 2014 "en absoluto" sintió presión o coacción para ceder el centro.

Eso contrasta con lo afirmado sobre esa reunión por el inspector de Enseñanza Josep Alsina, que ha dicho en el juicio que en esa reunión se intentó presionar a los directores.

Según Bosch, en la reunión se les dijo que los institutos iban a ser sede del 9N, y se les pidió si querían colaborar o podían saber si los profesores estaban dispuestos a participar como voluntarios, y entonces ella pidió que les indicaran por escrito cómo se debía hacer.

Ha afirmado que la directora de los Servicios Territoriales, Monserrat Llobet, le contestó "que no sabía si podía dar indicaciones por escrito", pero Bosch ha negado tener la sensación de que Llobet se pusiera furiosa ante esta petición.

Sobre si mostró inquietud en esa reunión o ante el inspector de Enseñanza de su zona, Josep Alsina, Bosch ha explicado que sí, pero que el propio inspector fue el primero que le trasladó su preocupación por el desarrollo de la consulta y si se podía incurrir en una ilegalidad.

"Le manifesté la inquietud de que podía comportar una dificultad para mí, directora del centro, el hecho de que se utilizara el centro para una cuestión que, vista la situación, nos ha llevado hasta aquí", ha argumentado.

También ha explicado que después hubo una reunión de directores de instituto en Badalona en la que se decidió enviar una carta a la directora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, pidiéndole que, cuando los directores entregaran las llaves, se les diera "un documento o constatación de que las llaves estaban en poder de otro" y de que ellos no estaban interviniendo en la consulta.

Sobre si le consta que hubiera respuesta a esa carta, ha contestado que cree que no hubo respuesta escrita; y no le consta ninguna reunión después de que el TC suspendiera la consulta el 4 de noviembre, aunque sí recibió un mail del inspector Josep Alsina informándole del contenido de la providencia.

Ella asegura que se quedó tranquila cuando finalmente su secretario administrador le entregó las llaves a un funcionario "de mucho nivel" de los Servicios Territoriales que ejerció como voluntario el 9N, y ha puntualizado que en su centro no hubo ningun profesor voluntario.

Ha añadido que examinó el documento que le dieron como comprobante, aunque no le dio importancia a que no estuviera firmado por nadie ni llevara ningún nombre y que solo llevara el sello del departamento.

El abogado de Rigau, Jordi Pina, le ha preguntado si este documento se entregó al inspector Josep Alsina y si sabía que era para entregar a la delegada del Gobierno o a la Fiscalía: Bosch ha respondido que fue él mismo quien se lo reclamó alegando que quería saber "si estaba protegida".

Otro inspector de la Conselleria de Enseñanza, Jesús Rul, ha explicado que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo.

En su declaración como testigo ha explicado que le "inquietó" que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que supo por el inspector jefe que la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, pensaba convocar a los directores de institutos de la zona para comunicarles que sus centros iban a ser sede del 9N y entonces lo comentó con los directores que dependían de él.

Según este inspector, las reuniones con los directores se desarrollaron con una forma de proceder "no habitual", y le inquietó que se les pidiera solamente de manera verbal que los institutos fueran sede de votaciones.

Por eso, escribió sendas cartas a los directores de su zona de inspección para asesorarles sobre cómo actuar ante esta petición de la directora territorial, recomendando que pidieran las instrucciones por escrito y recordando que los directores deben cumplir la legalidad: "Pensé que como inspector tenía el deber de asesorar".

"La motivación era asesorar a los directores ante las demandas que la autoridad administrativa hacía para el 9N", ha detallado el inspector, que ha indicado que en una reunión el 21 de octubre con el inspector jefe, Francesc Güell, les dijo que se abstuvieran de intervenir en el 9N.

Ha expresado que en esta reunión en la que había en torno a una veintena de inspectores no figuraba en el orden del día que se abordaría el tema de la consulta, aunque sí se trató, y fue cuando el inspector jefe les dijo que se abstuvieran de actuar porque el tema era competencia de la directora de servicios territoriales con los directores.

"Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N", ha insistido, a lo que él intervino para decir que no se les podía pedir que no actuaran, pero ha admitido que hubo inspectores que estaban de acuerdo con que el propietario de los edificios podían usarlos para lo que consideraran oportuno.

El inspector ha asegurado que la administración funciona con un sistema muy preciso, y sus normas se desarrollan de manera rigurosa: "En este caso me pareció que no se desarrollaba de esta forma".

"Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo", ha indicado el inspector.

El abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha iniciado su interrogatorio preguntándole si fue voluntario el 9N: "No fui voluntario", ha respondido.

Sobre si es competencia de un inspector reenviar meses después del 9N copia de las cartas que envió a los directores a la alta inspección de Educación del Estado en Catalunya, ha explicado que lo hizo para "colaborar con la Justicia".

En la última pregunta, ha dicho que en sus cartas consideró que la petición de uso de los institutos se enmarcaba en el "uso social" y no en un uso administrativo.

El coordinador del operativo de la consulta del 9N, Joan Cañada, el exdirector gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat Jordi Escalé y la senadora del PDeCAT Elisabet Abad declararán como testigos este martes en la segunda sesión del juicio del 9N, que empieza a las 9 horas.

Estos testigos han sido solicitados por el Ministerio Fiscal, la acusación popular, además de las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas y la exconsellera Irene Rigau.

Este martes la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tiene previstas las comparecencias de una quincena de testigos, entre ellos directores de centros, la directora de ESO, y un inspector jefe de servicios territoriales, a petición de la Fiscalía, además de la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro.

Estos testigos llegan después de que este lunes ya declararan como acusados por los supuestos delitos de desobediencia y prevaricación ante el tribunal Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega e Irene Rigau.

El tribunal quiere determinar si los tres acusados continuaron encargándose de la organización de la consulta desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional, del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de su celebración; sus defensas sostienen que se desvincularon dejando el proceso en manos de los voluntarios.

Este miércoles 8 de febrero están citados a petición de las defensas el exconseller de Presidencia Francesc Homs, los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

También comparecerán el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, y los catedráticos de Derecho Constitucional Enoch Alberti y Joan Vintró.

El día siguiente pasarán por el tribunal citadas como testigos la secretaria de Administración y Función Pública, Meritxell Masó, y la exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet, entre otros, y el juicio previsiblemente concluirá el 10 de febrero con la prueba documental y los informes.