El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acordó este miércoles el procesamiento de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otras 24 personas, por el caso de los ERE fraudulentos.

El juez imputa a Chaves un delito de prevaricación continuada que conlleva inhabilitación, pero no penas de prisión. Griñán se enfrenta a una acusación por delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos en subvenciones que superan los 850 millones de euros. En su caso, la condena oscila entre los 4 y los 8 años de prisión, según el anterior Código Penal, por el que se juzga la causa.

Ambos solicitaron la baja del partido nada más conocerse la decisión, con lo que evitan ser suspendidos de militancia, como obliga el código ético de los socialistas.

Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, convocó una rueda de prensa de urgencia para mostrarles su respaldo una hora después de conocerse la noticia: "Estamos absolutamente convencidos de su inocencia, no se han llevado ni un céntimo de euro ni han recibido sobres ni sobresueldos, ni tienen cuentas en Panamá". Pedro Sánchez pidió "respeto" para la presunción de inocencia, mientras que el PP le exigió que asuma "responsabilidades" políticas.

El juez instructor Álvaro Martín responsabiliza a Manuel Chaves de implantar en el año 2000 el sistema de ayudas que permitió a particulares y empresas cobrar prestaciones sociolaborales o subvenciones por trabajadores que no habían sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo o que ni siquiera habían trabajado en las entidades beneficiarias.

Griñán, que ocupó la cartera de Economía y Hacienda antes de suceder a Chaves al frente de la Junta, mantuvo el procedimiento hasta 2011 "con conocimiento" de que no se ajustaba a derecho. El montante total de las ayudas -que no del fraude- fue "no inferior" a 854,8 millones de euros.

La investigación sostiene que la financiación de la partida de la que se nutría el sistema fue "irregular", dado que burlaba los mecanismos de fiscalización de la Junta. La forma de reparto que la acompañaba era "discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales", careciendo, por ello, "de las mínimas y elementales garantías".

El auto de este miércoles asegura que el fraude se mantuvo gracias a que los 24 procesados actuaron "omitiendo, de manera absoluta, sus deberes de vigilancia y cuidado" y obviando "los avisos de irregularidad sobre el sistema" que realizaron la Intervención General de la Administración del Estado, la Intervención andaluza, el despacho Garrigues y la auditora Price-Waterhouse. Es por eso que les acusa de prolongar las irregularidades en el tiempo con decisiones "contrarias a derecho del modo más grosero" y "asumiendo todas sus consecuencias".

El procesamiento de los expresidentes en la macrocausa de los ERE forma parte de la denominada 'pieza política', la primera que se juzga y en la que están incluidos otros 24 ex altos cargos del Gobierno autonómico. Entre los seis exconsejeros, dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA imputados se encuentran dos políticos de peso: la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y el ex secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías.

El número total de imputados ascendía a 51. Finalmente, el juez ha decidido archivar la causa contra una veintena de ellos, entre los que destacan los exconsejeros Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila o el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Chaves y  Griñán conocieron que irán apenas 48 horas después después de haber declarado en la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Andalucía por el caso de los cursos de formación, que arrastra investigaciones en otras nueve comunidades autónomas.

Aunque la dirección nacional del PSOE daba por hecho que ambos se sentarían en el banquillo, la noticia supone un mazazo para el partido ya que se produce a 25 días de las elecciones generales del 26 de junio, en plena precampaña y en medio de la lucha interna por el poder que mantienen el secretario general, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Los exdirigentes, que abandonaron sus escaños en el Congreso y en el Senado en junio de 2015, son dos figuras históricas del partido, ya que, además de encabezar la Junta de Andalucía, fueron presidentes del PSOE en distintas etapas. Ferraz teme que el caso le perjudique en el principal granero de votos socialista, donde las encuestas auguran un descenso de los votos en favor de la lista de confluencia de Izquierda Unida y Podemos.