Deportaciones masivas, vallas y alambradas, cárcel, cierre de fronteras, confiscaciones de bienes y dinero, brazaletes distintivos y puertas marcadas... No, no se trata de la Alemania de los años 30, sino de las políticas sobre refugiados adoptadas por muchos países de Europa, la de los derechos y los valores, en 2015 y 2016. Uno tras otro desde que se dasató la actual crisis migratoria, la más grave desde la segunda guerra mundial, distintos países del viejo continente han ido endureciendo sus legislaciones en materia de inmigración y asilo, en lugar de coordinarse y adoptar una política común.

Buen ejemplo de ello son las polémicas medidas adoptadas en algunas ciudades de Reino Unido, que han levantado tal escándalo que las empresas contratadas por el Gobierno para organizar el alojamiento y alimentación de los refugiados se han visto forzadas a rectificar. Es el caso de la ciudad galesa de Cardiff, donde los socilicitantes de asilo eran obligados hasta hace solo unos días a lucir una pulsera de colores brillantes que les identificase para poder acceder a sus tres raciones diarias de comida, lo que provocó diversos casos de acoso y ataques xenófobos contra ellos, según reveló el diario The Guardian.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Middlesbrough, en el noreste de Inglaterra, las puertas de las casas donde habitan los refugiados eran marcadas y pintadas de rojo, lo que les convertía en un blanco fácil de humillaciones y agresiones racistas. Excrementos de perros, huevos, piedras... Las críticas suscitadas han sido tantas que la compañía de seguridad británica G4S, encargada de propiciar los hogares a los solicitantes de asilo, repintará las puertas de las casas y pondrá fin a dicha práctica.

No rectificará, en cambio, Dinamarca, cuyo Parlamento aprobó el pasado 26 de enero un polémico proyecto de ley que incluye limitar la reagrupación familiar en el país (no podrían solicitarla antes de tres años), el endurecimiento de los criterios para obtener un permiso de residencia permanente y la confiscación de dinero y objetos de valor a los refugidos para costear su estancia. Esto se suma a las reformas que en noviembre de 2015 aprobó el país nórdico, considerado uno de los mejores países del mundo para vivir, para permitir que la policía detenga a solicitantes de asilo y migrantes sin supervisión judicial.

"Todas esas propuestas van contra el objetivo de favorecer una integración rápida y efectiva de esas personas", afirmó hace unos días al respecto el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks. "La nueva ley danesa sobre personas refugiadas tendrá un impacto devastador sobre unas personas vulnerables que, además de ver sus bienes confiscados, tendrán que esperar años para volver a reunirse con sus familiares atrapados en zonas de guerra y campos de refugiados", ha declarado Amnistía Internacional (AI). “La separación puede tener un impacto devastador en las familias, incluso para su rehabilitación de las experiencias traumáticas y su capacidad para integrarse y adaptarse a la vida en un nuevo país", afirmó Gauri van Gulik, portavoz de AI.

"Es una ley muy mala. La gente vende todo lo que tiene allí para poder venir y luego lo que nos queda nos lo quieren quitar", se lamenta Ali, un refugiado iraní que lleva más de un año en Dinamarca. "Es como un robo. Los políticos no saben de la vida real, les da igual", afirma el etíope Diji Dejejue.

Suiza, uno de los países más ricos del mundo, ha seguido los pasos de Dinamarca y también exige a los refugiados recién llegados que entreguen al Estado los activos que tengan un valor superior a 1.000 francos suizos (unos 913 euros), a fin de ayudar a pagar por su mantenimiento. Pero no son los únicos. Esta medida, comparada por muchos con las confiscaciones de la Alemania nazi y que ha despertado profundas críticas en el seno de la UE y la ONU, también se aplica en los estados federados alemanes de Baviera y Baden-Württenberg. La agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) ha advertido de que estas políticas podrían violar artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Incluso la canciller alemana, Angela Merkel, que lideró la política de acogida y puertas abiertas, se ha convertido ahora en blanco de críticas por parte de sus socios de gobierno y dentro de su propio partido, y actualmente afronta sus niveles más bajos de popularidad. Hasta el punto de que el pasado 28 de enero, la propia Merkel logró un acuerdo entre los tres partidos que gobiernan para endurecer el derecho al asilo, acelerar las expulsiones de los inmigrantes sin estatus de refugiado y dificultar la reagrupación familiar.

Este mismo lunes, justo cuando unos 45.000 sirios que huyen de la ofensiva en Damasco aguardan para entrar en territorio turco,  Merkel viajó a Ankara para asegurarse de que Turquía cumple con lo acordado en noviembre con la UE, esto es, frenar la entrada de refugiados en Europa, para lo que la UE se comprometió a darle 3.000 millones. Ambos, Alemania y Turquía, piden que la OTAN intervenga y ayude a vigilar las fronteras y controlar la crisis. Y esto al mismo tiempo que Suecia, el otro gran receptor de refugiados, de Europa, anunciaba el 28 de enero que este año expulsará a unas 80.000 personas.  El Ejecutivo sueco, una coalición de socialdemócratas y verdes, ya anunció en noviembre de 2015 el fin de su política de puertas abiertas.

Estas políticas se suman a las adoptadas el año pasado por Hungría, cuyo primer ministro, el ultraconservador Víktor Orbán, fue de los primeros en aplicar mano dura contra los refugiados y los inmigrantes. El verano pasado ordenó construir una valla con espinas de 175 km de longitud en la frontera con Serbia, e ignorando el acuerdo de Schengen, que suprime el control de las froneras interiores de la UE y permite la libre circulación de personas, anunció nuevas vallas con Croacia y Rumanía. Ya en septiembre, además de alentar a la policía húngara para que tratase a los refugiados con toda la violencia que fuese necesaria ("Hungría es para los húngaros, decía), el Parlamento aprobó por aplastante mayoría una modificación del Código Penal que establece penas privativas de libertad de hasta tres años a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio que intenten entrar irregularmente en el país.

Sus medidas fueron entonces muy criticadas, pero a medida que la cifra de personas que llegaba a Europa huyendo de la guerra, la violencia y la pobreza seguía creciendo (más de un millón en 2015), la polémica se fue disipando y el resto de Estados comenzó a apretar. Los muros se multiplicaron entre los países balcánicos y el Este de Europa, así como los controles aduaneros temporales por todo el continente. También se  han incrementado las restricciones y la discriminación en las políticas fronterizas, como en el caso de Austria, Eslovenia o Macedonia. Otros, como Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, dijeron que los refugiados musulmanes no eran bienvenidos.

Pero el caso es que ninguna de estas medidas ha logrado disuadir a aquellas personas que tratan de salvar sus vidas y las de sus familias y buscar un futuro mejor. En 2015 fueron más de un millón las que llegaron a Europa, y en lo que va de año ya van más de 67.000, cifra que multiplica por 40 los 1.700 que lo hicieron en enero del año pasado, según ACNUR. El precio que pagan es muy alto. Casi 4000 murieron ahogadas el año pasado mientras trataban del alcanzar el sueño europeo, casi 1.000 de ellas niños, y no paran de aumentar. Imágenes como las de Aylan Kurdi, aquel pequeño de tres años que yacía ahogado de bruces en la costa turca y cuya foto conmocionó al mundo, se siguen sucediendo a diario.

Al menos 10.000 menores no acompañados han desaparecido en Europa, según la Oficina Europea de Policía (Europol), que cree que podrían haber caído en manos de las redes de tráfico y explotación. Y este mismo lunes otras 35 personas murieron en sendos naufragios mientras trataban de alcanzar Grecia, 11 de ellos niños, mientras dos refugiadas iraquíes fallecían de frío en Bulgaria, a donde habían cruzado desde Turquía.

Entretanto, en la gran Europa, un continente de 500 millones de habitantes, siguen sin llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar la crisis. De los 160.000 refugiados que en 2015 se pactó reubicar en los próximos dos años, solo 500 lo han conseguido hasta ahora. "Por el momento no hemos de estar orgullosos de la respuesta colectiva", se lamentaba este jueves el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, que aseguró que la crisis actual es también una "crisis de solidaridad" y que hace falta más unión y cooperación.

“Mientras haya violencia y guerra la gente seguirá viniendo, y Europa debe encontrar mejores maneras de ofrecer protección. La UE y sus Estados miembros situados en la primera línea de sus fronteras necesitan replantearse con urgencia cómo garantizar un acceso seguro y legal a la UE en sus fronteras terrestres exteriores y en los países de origen y tránsito de refugiados y migrantes. Esto puede conseguirse incrementando el uso de medidas como el reasentamiento y la reunificación familiar, así como la expedición de visados por razones humanitarias", señala John Dalhuisen, portavoz de AI.

Pero la violencia y la guerra parecen no tener fin. Las conversaciones de paz para Siria fueron suspendidas la semana pasada hasta el día 25 por la falta de avances y la imposibilidad de obtener del Gobierno de Damasco un gesto humanitario que ofrezca esperanzas de voluntad para llegar a un resultado concreto. Son ya más de 260.000 los muertos y más de cuatro millones los refugiados en los cinco años de este conflicto civil. Mientras, los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE volverán a reunirse el próximo 18 de febrero para abordar, de nuevo, la crisis migratoria. Pero los que huyen de la muerte y el hambre seguirán llegando. Poco les importa que les cierren las puertas, aunque se mueran de frío y el mar se los trague a diario.