La primera y larga jornada en la Audiencia de Palma sobre las cuestiones previas del juicio por el 'caso Nóos' ha comenzado con dos importantes peticiones. Una, la suspensión de todo el proceso, por parte de la defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin; la otra, por parte de la defensa de la infanta Cristina, que ha pedido que se la excluya del juicio con la aplicación de la denominada doctrina Botín.

Manuel González Peeters, letrado de Torres y de su esposa, Ana María Tejeiro, ha argumentado que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus defendidos y que todo el proceso "se ha configurado a partir" de documentación obtenida por el juzgado de instrucción de modo "ilícito", ya que su defendido, apunta, la entregó antes de su imputación. Por eso, ha solicitado la nulidad, arrancando así el tercero de los cuatro bloques en los que se ha dividido la sesión.

Previamente, se ha debatido sobre la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, para acusar a la infanta Cristina. "Solicitamos la nulidad del auto de apertura del juicio oral contra la infanta, solo sostenido por la acción popular. La admisión de dicha acusación vulnera los derechos fundamentales de la demandada, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías", ha manifestado Jesús María Silva, uno de los tres abogados de la hermana del rey.

La acusación contra doña Cristina por cooperación necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública es solo sostenida por Manos Limpias. La denominada doctrina Botín establece que una acusación popular no puede mantener la incriminación de alguien no imputado por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado.

Silva ha querido ir más allá y ha hablado de "jurisprudencia consolidada del Supremo", asegurando que hubo una sentencia sobre el banquero, pero que después vinieron otras que la complementaron. En una de ellas, el alto tribunal estableció que su decisión era "vinculante para los órganos de la jurisdicción en los términos señalados". A ello ha agregado que no ha encontrado ningún pronunciamiento de una Audiencia Provincial en contra de dicha jurisprudencia.

"Debería aplicarse esta doctrina para que no se remuevan en sus tumbas grandes juristas como Gómez Orbaneja y Jiménez de Asúa", ha abundado el letrado, quien ha mostrado su convicción de que este debate sería "una pesadilla" para todos ellos.

Además, la defensa de la infanta ha presentado un informe económico que rebaja en unos 50.000 euros la posible responsabilidad civil en la que incurriría a título lucrativo si el tribunal condena a su marido, Iñaki Urdangarin.

Dicho informe está justificado en el hecho de que si Urdangarin fuera condenado por los delitos de los que está acusado, la infanta sería partícipe a título lucrativo de los delitos, y duda sobre la cuantía estimada por el ministerio público. Un argumento aceptado por la fiscalía.

Anticorrupción pide que la causa sea sobreseída para la infanta pero que sea considerada responsable a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

Los defensores de la infanta encargaron dicho informe de cuantificación del beneficio a título lucrativo a dos peritos economistas y "arroja una diferencia en torno a 50.000 euros", ha detallado Silva.

El fiscal del caso, Pedro Horrach, ha recurrido igualmente a la jurisprudencia del Supremo para hablar de "falta de legitimación de la acusación popular" no solo para acusar a doña Cristina, sino también a Ana María Tejeiro.

Además, el fiscal ha aportado un informe que destaca que, como en el caso de la Infanta Cristina, los socios no administradores de una empresa utilizada para defraudar a Hacienda o los que no ejerzan funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios en la misma.

El dictamen, elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, señala que esto se extiende tanto a los casos de fraudes cometidos por empresas en relación al IVA o al Impuesto de Sociedades, como a los incumplimientos derivados de declarar en este último impuesto rendimientos que una persona debería haber tributado en su declaración del IRPF.

Horrach ha solicitado de esta manera que ninguna de las dos sea juzgada por fraude fiscal, dado que ni el Ministerio Público ni la Abogacía del Estado lo han pedido, y ha considerado que otorgar legitimación a Manos Limpias "supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada".

Esos son los únicos cargos que pesan sobre doña Cristina pero a Tejeiro la Fiscalía sí la acusa de blanqueo de capitales y pide para ella dos años de prisión.

El representante del Ministerio Público ha aseverado que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, Horrach ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido bajo el amparo de "la manida frase 'Hacienda somos todos".

La abogada del Estado, Dolores Ripoll, se ha posicionado igualmente en contra de que la infanta sea juzgada. Ripoll ha recordado que "en los delitos contra Hacienda el perjudicado es el erario público, representado por la Abogacía del Estado", y que en este caso, ni esta ni el Ministerio Público encausan a doña Cristina. Ripoll ha resaltado además que el eslógan "Hacienda somos todos" se circunscribe al ámbito publicitario y no al jurídico.

"La acusación popular no se fundamenta en el interés común", ha continuado y ha apuntado que de 48 procedimientos por delito fiscal en Baleares, Manos Limpias solo se ha presentado en uno.

Tras estos planteamientos ha llegado el turno de Virginia López Negrete, abogada de Manos Limpias, quien ha defendido su legitimidad asegurando que "la Ley no establece ningún tipo de limitación de la acción popular". López Negrete ha criticado que se les pretenda retirar del proceso contra la infanta "para realizar un privilegio de impunidad frente a una ciudadana española".

La abogada que ejerce la acusación popular ha negado que la agencia tributaria tenga el monopolio: "Los impuestos los pagamos todos, es un delito pluriofensivo. Lo presuntamente defraudado nos afecta a todos y en virtud de un bien juridico colectivo y del derecho que ofrece la Constitución a que todos los españoles puedan personarse en una causa, esta acusación popular puede actuar en defensa de los inteses de los españoles".

"La agencia tributaria achaca que carecemos de legalidad y que podemos tener intereses espúreos, pero nada más lejos de la realidad. Son única y exclusivamente el cumplimiento de la ley y que esta sea igual para todos", ha continuado.

"Se va a debatir la aplicación de la acción popular en nuestro ordenamiento jurídico. La aplicación de un retorcimiento de esa norma para dejar fuera a esta acusación no supondría más que un triple perjuicio: a la Justicia española, sería un gravísimo ataque a las instituciones del Estado, y a la propia infanta, que teniendo la oportunidad de defenderse en un juicio justo, si no se sigue el procedimiento contra ella va a quedar estigmatizada socialmente", ha concluido López Negrete.

La solicitud del sobreseimiento de las actuaciones con respecto a la responsabilidad penal de la infanta deberá ser valorada ahora por el tribunal, compuesto por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyá. La hermana del rey tiene aún por tanto una posibilidad de no ser juzgada.

Estas intervenciones han tenido lugar en el segundo bloque, después de que algunas de las defensas hayan planteado la falta de competencia del tribunal para ocuparse de este caso.

Después del receso para comer, ha llegado el turno de la proposición de pruebas. El Fiscal anticorrupción ha entregado al tribunal una copia de un informe elaborado por Caridad Gómez, jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria, que explica con detalle los "criterios generales" que rigen en el ámbito tributario en relación a las sanciones.

Es un documento que Horrach pidió tras alegar durante la instrucción que "una conducta inocua en el ámbito administrativo" tributario no se podía trasladar al ámbito penal. El fiscal ha dicho que como su alegación "no tuvo respuesta en el auto de apertura de juicio oral" pidió el dictamen, que recibió el pasado 26 de diciembre y que desarrolla esta cuestión. Si se aplicara la doctrina Botín, en cualquier caso, no sería necesario tenerlo en cuenta.

Todas las partes han estado de acuerdo en la admisión de la prueba, salvo Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarin, que ha protestado porque anteriormente se rechazó otro informe que él y sus colegas habían pedido. Ha añadido que acepta el dictamen del fiscal, pero pide que se reconsidere su prueba: un informe pericial sobre los supuestos delitos fiscales de 2007 y 2008 del exduque de Palma.

La letrada de Manos Limpias, por su parte, ha realizado dos consideraciones aparte. En primer lugar, ha solicitado que, contrariamente a lo que se había acordado en una vistilla previa, los acusados estén presentes en la sala durante todo el proceso y no solo durante las declaraciones. Todas las partes se han mostrado con rotundidad contrarias a esto, incluido el fiscal; algunos abogados, de hecho, han calificado la petición como "impertinente".

Asimismo, la letrada ha protestado porque está sentada en la última fila y cree necesario ver "el lenguaje corporal" de los acusados, testigos y peritos cuando declaren. La presidenta del tribunal ha considerado que hay en la sala unas pantallas de "resolución suficiente" como para que todos puedan ver a los interrogados y que el lugar que le ha correspondido es el "ordinaro". Ha señalado, no obstante, que para las declaraciones habrá una mesa especial.

Las defensas de los acusados excargos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia han pedido que se admitan varias pruebas que demostrarían que "los Valencia Summit" eran actos que sí cumplían con unos objetivos, que eran "aptos".

El abogado del ex secretario de Turismo y Eventos de la Generalitat, Luis Lobón, ha propuesto, entre otras cosas, la admisión de un correo electrónico dirigido a su defendido sobre "el presupuesto estimado del Valencia Summit", que vendría a "completar la información", ha dicho, de otros correos admitidos en el auto de apertura de juicio oral. Asimismo, ha aportado algunos artículos de prensa sobre las actividades de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y otros informes.

Su objetivo es el de demostrar que las "claúsulas" que incluían algunos contratos de la Ciudad de las Artes con Nóos, por las que sus clientes han sido acusados de prevaricación, "no eran para beneficiar a Urdangarin como yerno del rey" y que eran normales. "Sí había interés público", ha añadido.

Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, ha expuesto que "prácticamente todos los testigos propuestos por él relacionados con las facturas" de eventos como el Valencia Summit, el Illes Balears Forum o los Juegos Europeos, "han sido inadmitidos" hasta ahora. Y ha citado expresamente "al cuñado y al yerno" de Iñaki Urdangarin, es decir, el rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I. Ha solicitado que el tribunal reconsidere llamarlos.

También ha aportado una "nueva prueba documental", que ha entregado en papel y en formato digital. Según sus palabras, esa prueba demostraría, en relación a las acusaciones contra su cliente, que el dinero que procedía de dinero público "se destinó" a su objetivo, que "el trabajo se llevó a cabo", que los precios "no eran fuera de mercado" y que hay testigos que han dicho que no participaron en los eventos, pero en realidad sí lo hicieron.

González Peeters ha protagonizado una de las anécdotas del día debido a un lapsus linguae. Se ha definido como "heterodoxo sexual" cuando quería decir "heterodoxo procesal", lo que ha desatado las risas de los presentes. Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, se ha referido también a varios testigos y a dos documentos en los que la firma que figura "no es" la del cuñado del rey, un "supuesto presupuesto de Aizoon" y una "factura relacionada con los Juegos Europeos".

La infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, han llegado juntos a la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma de Mallorca sobre las 8.10 horas de este lunes, algo más de una hora antes de que arrancase allí el juicio. Este ha comenzado a las 9.15 horas con la lectura de los delitos que pesan sobre cada uno de los acusados y las penas que se piden para ellos.

Los antiguos duques de Palma han entrado juntos a las dependencias donde se celebra la vista oral, sin detenerse ante las decenas de periodistas que esperaban a las puertas. Ella se ha limitado a saludar con un "hola". Después han accedido al interior tras pasar por el arco de seguridad y dentro de la sala se han sentado en la misma fila, pero separados por tres implicados. Ellos son dos de los 18 procesados en esta causa que en la que se juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres, su antiguo socio.

El primero en llegar, sobre las 07.50 horas, ha sido el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives. Cinco minutos después lo ha hecho el equipo que defiende doña Cristina, por Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord. Ninguno ha hecho declaraciones a los medios.

A ellos les han seguido otros de los principales encausados: Torres, su mujer, y el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Los tres han llegado acompañados de sus letrados.

Decenas de periodistas y policías nacionales esperaban la llegada de abogados y acusados a las puertas del edificio, sometido a unas rigurosas medidas de seguridad que obligaban a pasar tres controles a todo el que accedía al inmueble.

Los 590 profesionales de 84 medios de comunicación acreditados tienen restringidos los movimientos en el inmueble, donde se ha habilitado una zona de prensa. En la sala de vistas se había reservado sitio para la asistencia de 36 ciudadanos, pero según el Diario de Mallorca, han quedado sillas libres.

A su llegada al juicio, Virginia López Negrete ha asegurado que en caso de que a la infanta le sea aplicada la doctrina Botín recurrirán esa decisión.

López Negrete ha asegurado que "hoy es un día muy importante para España", para el estado democrático y "sobre todo para la acción popular" que consagra la Constitución como "instrumento fundamental contra la corrupción para evitar que poderes y élites políticas de este país puedan no estar bajo la ley".

La letrada ha dicho de la doctrina Botín que forma parte de "doctrinas anacrónicas que se dictaron en su día única y exclusivamente para favorecer a un banquero, Botín, que en paz descanse". La abogada ha señalado que dicha doctrina del Tribunal Supremo fue posteriormente "matizada y modificada por otra doctrina posterior mucho mas importante, la doctrina Atutxa".

Con motivo de la celebración de este juicio, alrededor de una quincena de personas se encuentra concentrada en el Polígono Son Rossinyol, a unos 20 metros de las puertas de Escuela Balear de la Administración Pública, cantando lemas como "1, 2, 3, república otra vez".

Los concentrados, entre los que está el diputado de Podemos Baltasar Damián Picornell, llevan una pancarta con la frase en catalán "Proceso constituyente republicano" de la Asamblea Republicana de Mallorca, así como banderas republicanas.

En declaraciones a los periodistas, Miquel Mascaró, miembro de Unidad Cívica por la República, ha reclamado "que se haga Justicia", pero "sobre todo que "devuelvan el dinero". Según su opinión, la monarquía "ya ha demostrado quién es" y que se trata de "algo anacrónico". El miembro de la entidad organizadora de esta protesta ha añadido que "tendría que ser algo normal en un país democrático" que la monarquía abdicase.