El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha defendido que tanto él como el marido de la infanta Cristina no delinquieron en sus contrataciones con las administraciones públicas: "Hemos actuado de buena fe siempre".

En una entrevista concedida al programa El Objetivo, de la Sexta, Torres ha insistido en su argumento de que la Casa Real supervisaba toda la actividad del Instituto Nóos.

"¿Hay algo incorrecto en el comportamiento de la Casa Real, del jefe de la Casa, de Carlos García Revenga (secretario de las infantas)? No, siempre sostendré que no, que han actuado bien", ha explicado.

"Ellos estaban revisando lo que nosotros hacíamos, decían 'pues está muy bien hecho', 'pues me parece estupendo', 'pues adelante', y nos guiaban", ha resaltado.

El exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha asegurado que tiene 300 correos electrónicos relacionados con la casa real y que "algunos" son del Rey Juan Carlos.

"Tengo 300 correos relacionados con la Casa Real. Algunos son del rey, efectivamente, otros son de otras personas", ha dicho Torres. Ha subrayado que cada quince días los servicios de seguridad del Estado hacían copia de la información de sus ordenadores: "lo hacían por seguridad, por protección informática o para que no nos pudieran espiar, no sé", ha dicho Torres.

Ha insistido en que todas las actividades del Instituto Nóos eran "legales", que la supervisión de la Casa del Rey era "espectacular", y que su exsocio Iñaki Urdangarin es "tan inocente" como él "de todas las cosas" de las que se les acusa.

Asimismo, ha destacado que la única cosa que le puede "inquietar" es que no le dejen presentar las pruebas.

Torres ha indicado que en los temas fiscales no iba "a entrar": "Pero, oiga, en ninguna de mis empresas ni en el Instituto Noos han encontrado facturas de clases de salsa, no hay facturas de viajes a Roma para ver partidos de fútbol (...) no hay safaris a África en ninguna de mis sociedades", ha subrayado.

Diego Torres se enfrenta a peticiones de pena que suman 16,5 años de cárcel, en el caso de la Fiscalía, y 22,5 años, por parte de Manos Limpias, por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.