La Policía Judicial ha culminado la primera fase de la investigación del caso de los curas acusados de abusos sexuales a menores en Granada con la toma de declaración de más de una docena de individuos y la detención de tres sacerdotes y un profesor de Religión, que se consideran los "principales señalados" en este asunto, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Este lunes también ha habido diversos registros relacionados con la investigación.

Después de estas cuatro detenciones "cabe la posibilidad de que no haya más", si bien será el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada el que determine los pasos a seguir. Tres de los detenidos residen fuera de Granada y hasta el momento no ha trascendido dónde se han producido los arrestos.

Según ha podido saber 20minutos, el principal arrestado es Román M.V.C., el cabecilla del clan al que daba nombre. Su familia es de un pueblo del norte de la provincia y fue sacerdote de Cástaras y de otras parroquias del barrio del Zaidín, además de la de San Juan María de Vianney. También han sido detenidos Francisco C.M., alto cargo de la curia que estuvo once años ejerciendo en Órgiva; y Manuel M.M., que sustituyó a Francisco C.M. en Órgiva cuando este fue nombrado para un cargo.

"Esta mañana se ha procedido por parte de la Policia a la detención y puesta a disposición judicial de cuatro personas, cuatro sacerdotes implicados en ese asunto", ha declarado posteriormente a los medios el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Hasta el momento no constan más denuncias de víctimas, al margen de la del joven de 24 años que denunció inicialmente ante la Fiscalía Superior de Andalucía haber sufrido estos abusos por parte de varios curas cuando era menor de edad.

Pese a ello, el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, dice que no se pueden descartar nuevas denuncias en un futuro próximo pues "algunos testigos o posibles víctimas habrían contactado con la autoridad eclesiástica" para trasladar este extremo. Hasta el momento, esto "no consta en el ámbito policial o judicial".

Fernández Díaz ha evitado dar más detalles sobre la investigación o el número de denuncias presentadas en este caso por ese carácter secreto de las diligencias abiertas, aunque ha especificado que su departamento tenía conocimiento del caso desde "hace tiempo" y "no solo por los medios de comunicación". "No puedo entrar en la concreción", ha señalado.

Los hechos denunciados ocurrieron "hace tiempo" y algunos de los delitos que se investigan pueden estar "prescritos", por lo que "el interés máximo" de esta investigación se centra en "reunir las pruebas necesarias" en la parte de los hechos que no lo están, de forma que haya "un encausamiento".

En cuanto al impacto de un caso así para la Iglesia, el ministro se ha remitido a la opinión sobre este asunto expresada por la Conferencia Episcopal Española y ha defendido que "la máxima jerarquía de la Iglesia, el papa, ha sido precisamente el más beligerante para que este caso saliera a la luz": "Creo que nadie puede poner en cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco están siendo absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia este tipo de comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande".

El titular de Interior ha recordado que "no se producen estas conductas por desgracia solo en el seno de la Iglesia". "Hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno y ojalá consigamos que se erradiquen no solo del seno de la Iglesia, sino de toda la sociedad", ha añadido.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también se ha referido a las detenciones: "Lo que espero es que, además de pedir perdón, que algunos han llegado tarde y mal a pedir perdón, se sea ejemplar, transparente y se colabore con la Justicia porque no es posible cerrar los ojos ante un delito repugnante que creo que el conjunto de la sociedad se encuentra en estos momentos conmocionada", ha asegurado.

Los hechos salieron a la luz la semana pasada tras la denuncia de un joven, lo que llevó al arzobispo de Granada a apartar del ejercicio a tres sacerdotes. Dicha denuncia fue interpuesta por la víctima el pasado octubre ante la Fiscalía Superior de Andalucía, después de que recibiera en agosto una llamada telefónica del papa Francisco, quien le pidió perdón en nombre de la Iglesia tras leer el escrito que, dirigido "directamente" a él, le remitió relatando los hechos.

El joven, que en la actualidad tiene 24 años, dice haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años, aproximadamente desde los 13 o los 14 hasta la mayoría de edad.

A raíz de esta denuncia se abrió una investigación judicial sobre la Archidiócesis de Granada que habría destapado hasta cuatro casos más de abusos, según adelantó la Cadena Ser, citando a fuentes eclesiásticas.

La investigación judicial se centró en 12 personas (diez religiosos y dos seglares) que al parecer formaban el llamado clan de los Romanones, cuyo epicentro estaba situado en la parroquia San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín de Granada, y que ya tendría cinco expedientes abiertos.