La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al departamento de Educación de la Generalitat que que diga si "existen órdenes o instrucciones" por parte de la Generalitat a responsables de escuelas públicas para que cedieran esos locales para el 9-N y si "se han convocado reuniones con responsables de centros públicos" en las cuales se les pidió que los pusieran a disposición.

Asimismo, la Fiscalía también solicita al director general de los Mossos d'Esquadra que le dé una relación de los locales o edificios de titularidad pública que se usarán mañana como punto de votación en este proceso participativo y que "identifique" a las personas responsables de haber permitido el acceso a este local a los "delegados" del 9-N. La Fiscalía Superior de Cataluña reclama a los mossos, en concreto, que se le remita "con carácter urgente"toda esta información. Los Mossos d'Esquadra ya han respondido que atenderán la petición que les ha hecho llegar la Fiscalía, pero no alterarán el dispositivo previsto para este domingo.

En tercer lugar, el Ministerio Público ha remitido un oficio a la empresa Unipost S.A. para que le envíe la hoja de encargo, contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo. Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saber qué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo de este domingo puede ser constitutiva de delito, han informado fuentes jurídicas.

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.

Esta actuación será valorada ahora por la Justicia, que podría ordenar intervenir a los Mossos d'Esquadra para precintar los locales públicos y que no se utilicen para la votación.

El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para este domingo, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".

La Generalitat ha respondido en un breve comunicado a la Fiscalía diciendo que es la "única responsable" del acceso a locales públicos para la votación del 9-N, por lo que ha defendido que la Fiscalía no puede pretender que se identifique a voluntarios.

"No se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización, y que podrán desarrollar su labor con toda normalidad", añade el Govern, que se presenta como único responsable de este acceso, y con el objetivo de garantizar el derecho de libertad de expresión e ideológica.

Por su parte, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado que los voluntarios que participan en el 9-N pueden estar "absolutamente tranquilos", porque su tarea es "perfectamente legal". Además, ha acusado al Gobierno de "crear un poco de confusión" con la intención de que "vaya menos gente" a participar en el 9-N.

La previsión de la Generalitat es que este domingo se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará. "Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro.

Ante este planteamiento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidió este viernes ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.