El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad este martes admitir a trámite el recurso del Gobierno contra el nuevo 9-N, lo que implica la suspensión automática de todas las acciones encaminadas a hacer realidad el proceso participativo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy alega que el nuevo 9-N es un referéndum encubierto y los preparativos suponen un fraude de ley.

Los doce magistrados han adoptado la decisión después de dos horas y media de reunión y en respuesta al recurso de 49 páginas del abogado del Estado, que argumenta que todos los preparativos, declaraciones del presidente catalán, Artur Mas, y supuestas instrucciones en las escuelas y a los funcionarios tienen "efectos jurídicos y transcendencia externa" de manera que aunque no exista ninguna convocatoria formal del nuevo 9-N pueden ser impugnadas.

La admisión a trámite del recurso implica que quedan suspendidos todos los actos administrativos, la campaña institucional, cualquier indicación a los funcionarios o acto para incentivar la participación, además de la logística, que incluye la página web participa2014.cat donde se informa a los ciudadanos de cómo ejercer su voto.

El Alto Tribunal ha actuado nuevamente con celeridad y han abordado la cuestión solamente cuatro días después de que el abogado del Estado registrase su recurso el pasado viernes. El presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, ha incluido la cuestión en el pleno ordinario de esta semana a pesar de que no constaba en el orden del día inicial.

La suspensión, que tiene efecto retroactivo desde el pasado viernes, día en que el Gobierno español presentó su recurso en el Registro del TC, afecta también a cualquier otra actuación futura vinculada a la consulta aunque no esté formalizada jurídicamente.

La admisión —a la que el TC  está obligado a no ser que existan deficiencias de forma en el recurso— supone la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución —tal y como solicitaba el Estado—, que estipula la suspensión automática de las disposiciones o resoluciones que impugne el gobierno español. Esta suspensión tiene un carácter temporal de cinco meses, y en este plazo el TC tendrá que ratificarla o levantarla.

La ponente de la resolución de este martes es la magistrada adscrita al sector progresista Adela Asúa, que es quién ha de redactar ahora el texto que justificará la admisión a trámite. El TC, sin embargo, no se pronuncia todavía sobre el fondo de la cuestión, y solamente lo hará cuando emita una sentencia formal.

En su resolución, el TC acuerda dar traslado del procedimiento al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que dispone de un plazo de veinte días para formular las alegaciones que considere convenientes. En cuanto al citado escrito presentado por la Generalitat de Cataluña, ha sido incorporado ya a las actuaciones.

Sin embargo, no incluye ninguna advertencia al presidente catalán que la Abogacía del Estado introdujo en la parte final del recurso, donde pedía que se recuerde el artículo 87.1 de la Constitución. Este artículo establece que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que dicte el Tribunal Constitucional". El abogado del Estado busca de esta manera que el TC recuerde "las responsabilidades que puede provocar su infracción" por parte de la Generalitat.

Es la segunda vez que el pleno del TC suspende el 9-N, El pasado 29 de septiembre, de forma cautelar y por unanimidad, suspendió la primera consulta soberanista catalana convocada para el 9 de noviembre, tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria.

La Generalitat esperaba que los magistrados resolviesen antes el escrito que presentó el lunes pidiendo que no admitiera el recurso del Gobierno. El Gobierno catalán considera que el ejecutivo español hace un uso "claramente desproporcionado y abusivo" del derecho y del Tribunal Constitucional y pretende que dicte suspensiones imposibles de aplicar.

El TC aún no ha dictado sentencia sobre los recursos del gobierno español contra el 9-N original y la Ley de consultas, que suspendió también temporalmente en una interlocutoria el pasado 29 de septiembre.