La Consejería de Presidencia, de la que depende la acción exterior de la Generalitat, ha hecho un informe titulado Estrechar lazos en libertad con el que responde al memorándum en contra de la consulta de autodeterminación que el Ministerio de Exteriores envió a las embajadas españolas.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha emplazado este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, a enviar el documento que ha elaborado el Govern a todas las embajadas, porque cree que este texto es "una opinión que puede ser tenida en cuenta para hacerse una composición de lugar" sobre las demandas catalanas.

Según Homs, el Govern quiere tratar de combatir las "expresiones fatídicas" y el tono del memorándum de Margallo con argumentos constructivos, y en este documento, el Ejecutivo catalán defiende la legitimidad democrática e histórica del derecho a decidir.

Con este documento, Homs ha dicho que el Govern no quiere fomentar la confrontación con el Estado, sino contribuir al diálogo, por lo que ha instado al Gobierno central a dar continuidad al debate de forma abierta y constructiva.

"Nuestra respuesta pretende ser cordial, esclarecedora y constructiva, no polémica ni reactiva, a pesar de las obvias discrepancias", asegura en su preámbulo.

Una de las principales conclusiones del texto es que no es cierto asegurar como hace el Gobierno de que fue mediante la Constitución de 1978 cuando Cataluña recuperó sus instituciones de autogobierno: recuerda que la Generalitat fue restablecida un año antes, en 1977, y en este sentido, Homs ha lamentado que el informe de Margallo trate de "reconstruir un cierto relato de la Transición" y obviar la historia reciente.

Ante la advertencia del memorándum de Exteriores de que una eventual independencia dejaría a Cataluña fuera de la UE, el texto pretende aportar "otros referentes a tener en cuenta a la hora de hablar con seriedad de política internacional" relativos a la soberanía española, como la descolonización del Sáhara Occidental, Gibraltar, las vallas de Ceuta y Melilla y la crisis por la isla de Perejil de 2002.

El documento, que ha hecho la Conselleria de Presidencia con sus recursos propios, pone de manifiesto que el deber institucional del Gobierno central es el de escuchar a los ciudadanos catalanes y sus demandas, con independencia de si comparte o no su parecer.

Una de las principales conclusiones del texto es que no se puede entender el debate soberanista catalán como "la simple obsesión personal de dos o tres dirigentes políticos catalanes, cuyo inaudito poder de manipulación" explicaría las movilizaciones en las Diadas de 2012 y 2013.

Resalta que las demandas catalanas se expresan de forma pacífica e incluso festiva y también "transversalmente, en todos los sentidos: contando con ciudadanos catalanoparlantes y castellanoparlantes, con personas que se sienten de izquierdas y con otras que se consideran conservadores, con jóvenes y con ancianos", lo que ha sido resaltado por la prensa internacional.