El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reune este miércoles con las autonomías por primera vez desde que el pasado mes entrara en vigor la reforma educativa, y cinco de ellas —Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias— le mostrarán de forma conjunta su rechazo a la norma y a su puesta en marcha.

Los consejeros educativos de las cinco comunidades citadas, en las que no gobierna el PP, han rechazado la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) al entender que invade competencias y que no hay tiempo para incluir las novedades que deben implantarse a partir del próximo curso.

Los consejeros de Educación de las comunidades reacias han afirmado que es "imposible" empezar a aplicar la Lomce en el curso 2014-2015 y además han criticado el contenido de la misma y la "falta de diálogo" del Gobierno con los ejecutivos autonómicos sobre este tema.

El responsable de Educación en el Ejecutivo autonómico andaluz, Luciano Alonso, así como los consejeros Cristina Uriarte (País Vasco), Irene Rigau (Cataluña), Ana González (Asturias) y la viceconsejera Manuela de Armas (Canarias) comparecieron antes de la reunión con el ministro en una rueda de prensa en Madrid para expresar su postura conjunta unas horas antes de participar en la Conferencia Sectorial de Educación para estudiar los decretos de enseñanzas vinculados a la reforma educativa.

De esta forma, Alonso ha incidido en la falta de una financiación adecuada para la puesta en práctica de una ley que, según ha apuntado, va a "disparar el gasto en educación", mientras que González ha lamentado la "falta de lealtad institucional" del Gobierno central por no haber informado puntualmente ni consultado diversas cuestiones sobre la ley a las comunidades autónomas.

Tanto el consejero andaluz como la consejera asturiana han señalado que sus respectivos gobiernos mantienen su intención de recurrir la Lomce ante el Tribunal Constitucional, y la viceconsejera canaria ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no ser "responsable" y de actuar "a espaldas" de los gobiernos autonómicos.

Uriarte, de su lado, ha indicado que poner en marcha la ley con el calendario fijado por el Gobierno central —empezando en el próximo curso académico en el caso de Primaria y Formación Profesional Básica— es "inviable" porque no da tiempo a que las comunidades autónomas puedan hacer el desarrollo normativo de la Lomce y luego planificar el curso.

Precisamente Uriarte adelantó este martes que el Ejecutivo del País Vasco no cambiará los libros de texto el próximo curso escolar porque no hay tiempo de adaptar sus contenidos para septiembre, cuando se prevé poner en marcha la reforma educativa en Primaria y en la FP Básica. Uriarte ha explicado que no se pueden cambiar los libros "sin saber exactamente qué es lo que hay que cambiar" porque el Ejecutivo central aún no ha aprobado los reales decretos que regularán los contenidos.

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín (PP), ha acusado a estas cinco comundiades de haber protagonizado "un boicot en toda regla" a la ley. Poco antes de comenzar la Conferencia, el consejero castellanomanchego ha destacado que "la ley está para cumplirla y hacerla cumplir" y lo que han hecho las citadas autonomías, en su opinión, "es una insumisión"; "no se puede calificar de otra manera", ha enfatizado.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también del PP, ha afirmado por su parte que va a pedir al Ministerio de Educación más tiempo para aprobar los planes de estudio de la Educación Secundaria y Bachillerato, ya que la reforma educativa para esas etapas no se implanta el curso que viene.

Desde el pasado 12 de diciembre hasta el 3 de enero, el Ministerio abrió un periodo de información pública en su web sobre los proyectos de reales decretos de los nuevos currículos, aunque también avisó que la Secretaría de Estado de Educación estudiaría todas las aportaciones que se reciban mientras dure la tramitación de los proyectos de real decreto.

En el proyecto de real decreto que regula el currículo básico de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la LOMCE se especifica que las asignaturas se agruparán en tres bloques: troncales (reguladas esencialmente por el Gobierno con una carga lectiva mínima del 50% del horario total), específicas y de libre configuración autonómica (como Lengua cooficial, con tratamiento análogo al castellano), cuyos horarios y contenidos corresponderán a las comunidades.

Esta división ha sido criticada por varias comunidades al entender que invade competencias. Educación sostiene que se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, "no dirigidos a la cantidad de lo memorizado sino a aquello que el alumno asimila y es capaz de hacer", sobre todo por lo que respecta a las competencias básicas como son la comunicación lingüística o en matemáticas, ciencia y tecnología e ingeniería.

Otra de las novedades que implica la LOMCE es la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y tanto Valores Sociales y Cívicos (en Primaria) como Valores Éticos (en Secundaria) serán alternativas a la de Religión y los alumnos tendrán que elegir entre una u otras, pero también podrán estudiar ambas.