Han pasado más de seis meses desde que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y 14 desde que se presentó el primer borrador y arrancó el debate. Este jueves pasa su trámite definitivo en el Congreso, solo con el apoyo del PP.

A su llegada a las Cortes, la conocida como Ley Wert tuvo que hacer frente a enmiendas a la totalidad y a más de 700 enmiendas parciales en el Congreso y casi 900 en en Senado. La mayoría absoluta del PP le permitió sortearlas y mantenerse prácticamente invariable. El primer texto votado en la Cámara baja solo incluyó 42 modificaciones planteadas por los populares y otras 36 de UPyD, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN, BNG y ERC. En la Cámara alta, el PP aceptó sus 25 enmiendas y una decena de la oposición.

Entre las novedades introducidas en el Congreso estuvo la mención expresa a que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza de todo el Estado, unificar en tres las modalidades del bachillerato o que se promueva el préstamo gratuito de material. Del Senado salió con las Matemáticas como asignatura obligatoria para los alumnos de Ciencias Sociales del Bachillerato.

En el caso de que un alumno elija el castellano como lengua vehicular y su comunidad autónoma no lo oferte en el sistema público o concertado, el Estado "asumirá íntegramente" el gasto de su escolarización en un colegio privado en el que exista esa oferta. Esta "obligación financiera" del Ministerio de Educación será "excepcional" y detraída de la partida que corresponda en el marco de la financiación autonómica. La "obligación" quedará extinguida cuando la Administración educativa competente adopte las "medidas adecuadas".

En este punto, el PP aceptó en el Congreso incluir, a propuesta de UPyD, una mención específica a que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado". "Y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable".

PP y UPyD también acordaron en la Cámara baja que la reelección de los directores se haga a través de una evaluación en la que se tengan en cuenta, entre otros factores, los resultados de las pruebas —reválidas— a los alumnos realizadas durante su mandato. También se introdujo en la norma la consideración de los profesores como autoridad pública.

En el Senado se incluyó que el director de los centros concertados será nombrado por el titular, previo informe del Consejo Escolar del centro, que será adoptado por mayoría de los miembros "asistentes".

Tal y como ya establecía el proyecto que llegó al Parlamento, los centros dispondrán de más autonomía para configurar una oferta formativa propia y para la gestión, lo que significa rendición de cuentas "de los resultados obtenidos".

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos denuncia además que la reforma deja a los consejos escolares como meros órganos consultivos. Estos consejos, formados por padres, alumnos y docentes, tenían hasta ahora capacidad de decisión sobre algunos temas.

Las Administraciones educativas y los centros podrán elaborar itinerarios para orientar a los alumnos en la elección de las materias troncales de opción, según otra de las enmiendas acordadas con la formación que lidera Rosa Díez.

El modelo de enseñanzas mínimas cambia como lo estableció el Gobierno, en virtud de troncales, específicas y de libre configuración. El Estado definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las primeras y los criterios de evaluación de las segundas. Las terceras serán definidas por las comunidades, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

El último curso de la enseñanza obligatoria tendrá dos opciones de iniciación: al bachillerato y a la FP. Estos itinerarios se adelantan así a tercero de ESO a través de optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en cuarto.

En función de una propuesta de Foro Asturias, se unifican en tres las modalidades del bachillerato: Artes, Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales. El texto inicial proponía cuatro, separando las Humanidades y las Ciencias Sociales.

El texto también presenta como novedad la elaboración de planes de convivencia por parte de los centros, dando especial valoración a la prevención de la violencia de género, la igualdad y la no discriminación.

Las enmiendas de ERC admitidas por el PP fijaron, por ejemplo, que en bachillerato o FP se prestará especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Las aportaciones de los nacionalistas gallegos versaron igualmente sobre adaptar las pruebas de evaluación a los alumnos con necesidades especiales.

El Ministerio de Educación promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos. Esta disposición adicional se añadió en la Cámara baja a petición de UPyD.

La asignatura de Religión y su alternativa —Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en Secundaria— serán evaluables y la nota contará para la media del curso, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas. Los alumnos no habrán de examinarse de ellas en la prueba final de etapa que hay que superar para poder titularse en ESO. La nota final de ese ciclo no obstante se obtendrá entre la media de las calificaciones de las materias cursadas (70% de valor) y el resultado de esa evaluación externa final (30%).

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede, se podrán cursar como optativas desde Primaria. En bachillerato, la Religión será optativa y no tendrá alternativa.

Tras su paso por la Cámara alta, la nueva normativa establece que las Matemáticas serán obligatorias para los alumnos de Ciencias Sociales del bachillerato, una propuesta de todos los grupos. El bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales tendrá dos itinerarios, de forma que quienes elijan Humanidades estudiarán Latín y los otros, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, ambas opciones de forma obligatoria.

Se prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnos de 15 años. Se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior.

En cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía se diluye en "contenidos transversales" recogidos en todas las materias.

La ley establece que la elección de la enseñanza diferenciada por sexos no podrá implicar para las familias, alumnos y centros "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto". La norma determina que separar a niños y niñas "no constituye discriminación", siempre que la enseñanza se desarrolle conforme a lo dispuesto por la UNESCO.

Una enmienda de los senadores de UPN determina que este tipo de centros no tendrán que "justificar de forma objetiva y razonada" ese modelo educativo para optar al concierto y se permitirá que vuelvan a solicitarlo aquellos a los que se les denegó en 2013 por educar de forma separada.

Los alumnos con más de dos suspensos no podrán pasar de curso y tampoco podrán hacerlo si las asignaturas suspensas son lengua o lengua cooficial y matemáticas.

Los alumnos deberán someterse a evaluaciones al final de cada etapa. Las pruebas de Primaria se realizarán en tercero y sexto y a nivel nacional el examen será competencia de las comunidades.

La evaluación externa al término de ESO —una para cada opción de iniciación— y la que se impondrá al final del bachillerato serán asunto del ministerio porque servirán para la obtención del título.

La evaluación final servirá para obtener el título de bachiller, que facultará para acceder a la educación universitaria, aunque las universidades pueden convocar, además, pruebas específicas.

En esa evaluación final del bachillerato, solo se tendrán en cuenta las asignaturas troncales generales y, de las opcionales, aquellas cursadas en segundo cuando se hayan impartido también en primero.

En FP superior, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, siempre que la demanda de plazas supere la oferta, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente. Así ha quedado decidido tras una modificación planteada por el PP en la Cámara alta.

El Gobierno siempre ha manifestado su intención de que la ley fuera aprobada en ambas Cámaras en otoño de este año para que las primeras medidas puedan ser puestas en marcha el próximo curso y que a las comunidades les de tiempo de trabajar en el desarrollo reglamentario.

A propuesta del PP, el Senado aprobó que se retrasase su aplicación un año en ESO y Bachillerato, aunque se mantiene el próximo curso para Primaria y FP básica.

La LOMCE se aplicará en la ESO en los cursos 2015-16 y 2016-2017 para primero y tercero y para segundo y cuarto, respectivamente, y la primera evaluación final, necesaria para obtener el título, se realizará en 2017. En Bachillerato, la reforma comenzará para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo, en 2016-2017, y su primera evaluación final será también en 2017.

La selectividad se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la universidad antes del curso 2017-18.

La nueva norma sigue sin gustar a la comunidad educativa. Tras la huelga del 9 de mayo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública convocó un nuevo paro de alumnos, padres, docentes y demás personal de los centros educativos en toda España el 24 de octubre. El 20 de noviembre, coincidiendo con la aprobación en el Senado, se llevó a cabo una nueva huelga.