Que el fiscal Pedro Horrach acuse al juez Castro de basar el procesamiento de la infanta Cristina en "intrigas o maquinaciones ficticias" ya no sorprende.

El divorcio entre el fiscal anticorrupción de Baleares y el juez instructor del caso Nóos ha sido evidente en el último año, desde que en abril de 2013 se planteara la imputación de la hija del rey en la causa que investiga los negocios del duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

La relación entre ambos ha pasado de ser estrecha y personal —en ocasiones se les ha visto en público— a distante e incluso tensa también en lo profesional. Ambos llevaron el mismo rumbo en el caso hasta enero de 2013, cuando la hija del rey entró en escena. Hasta entonces, juez y fiscalía fueron de la mano en la investigación. Desde entonces, los escritos de ambos se han convertido en un continuo cruce de acusaciones.

El descontento de Horrach quedó evidenciado en febrero del pasado año, cuando mostró su oposición por no ver ningún indicio contra la casa real ni la propia infanta. El 3 de abril, Doña Cristina era citada a declarar como imputada en el ‘caso Nóos’. Castro, en contra del criterio de la fiscalía, lo hacía tras estudiar nuevos correos electrónicos aportados por el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, donde se intentaba vincular a Doña Cristina y al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, hoy exculpado.

Dos días después, el fiscal presentaba el recurso de apelación contra este auto. Horrach recalcaba que no había recibido "ninguna presión desde Madrid" para hacerlo, y aclaraba que no existía un distanciamiento sino una "discrepancia jurídica", subrayando que este tipo de recursos entraban "dentro de la normalidad". Sus argumentos se basaban en que los indicios esgrimidos por el juez eran "meras circunstancias inocuas, inconsistentes y equívocas" o "meras sospechas personales".

Rebatía así los catorce argumentos de Castro y le recordaba que "el procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola". Un mes después, la Audiencia de Palma suspendía la imputación aceptando parcialmente los recursos contra esta decisión que presentaron el propio fiscal, la Abogacía del Estado, la propia infanta, el duque de Palma y García Revenga.

En noviembre la Fiscalía volvió a oponerse a la imputación alegando en un auto que "las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación" y que "no hay un solo elemento de prueba que vincule a doña Cristina de Borbón con actividades delictivas, propias o ajenas". El fiscal advertía de que convenía "rescatar y reproducir" los comentarios que efectuó el propio juez instructor en el auto del 5 de marzo de 2012, cuando dijo que "prestar declaración en calidad de imputada no tiene como finalidad buscar en su curso hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad contra ella, sino posibilitar que dé su versión sobre los que ya existen". Hacía suyas estas palabras, a las que añadía que los indicios "han de existir previamente, tener un carácter objetivo, lo que equivale a que no sean fruto de meras elucubraciones por mucho que éstas puedan ser compartidas por un número más o menos amplio de personas, y ser racionales".

Castro hizo caso omiso en 2014, y nada más comenzar el año volvió a imputar a la infanta por supuesta participación en delitos fiscales y blanqueo de capitales. Horrach le pidió más pruebas para sostener esa imputación así como la declaración de los inspectores de la Agencia Tributaria que analizaron su actividad fiscal. En el auto de la segunda imputación de la infanta, José Castro consideró que Pedro Horrach había perdido "las formas" en su alegato contra la imputación al reprocharle a él, antes de pronunciarse, guiarse por motivaciones ajenas a la legalidad.

El juez aseguraba que tenía en cuenta "indicios objetivos de criminalidad" y no "caprichosas lucubraciones" y se quejaba de que para imputar a la hija del rey había tenido que escribir "poco menos que un tratado de derecho procesal", cuando los juzgados realizan a diario millares de imputaciones sin que nadie se escandalice.

Una semana después, Horrach se tomó su particular ‘revancha’ acusando al juez de basar la imputación en una "teoría de la conspiración". "(…) teoría conspiratoria sobre la que el propio magistrado se apoya para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación de doña Cristina de Borbón", decía en su escrito. "Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", añadiendo que no valen "como base de imputación". El fiscal añadía que el argumento del "doble efecto fiscal defraudatorio" al que el juez aludía en su auto es "radicalmente errónea y, en todo caso, irrelevante penalmente".

El procesamiento de la infanta Cristina ha sido el último escalón en la relación de tensión entre Castro y Horrach. El fiscal habla de "instrucción a la carta" y de influencia de los medios de comunicación, así como de "encaje de bolillos" para sostener la existencia de indicios de criminalidad; el instructor, por su parte, ha instado a Horrach a interponer "una querella por prevaricación" si "cree lo que escribe".