La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares el auto por el que el juez José Castro puso este miércoles fin a las pesquisas del caso Nóos y acordó mantener la imputación de la infanta Cristina, y lo ha hecho a través de un escrito de 63 páginas, en el que recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción "a la carta" y haber practicado investigaciones "contradictorias" en torno a la hermana del Rey Felipe VI "a modo de encaje de bolillos".

El fiscal Pedro Horrach ha acudido pasadas las 9.30 horas a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha interpuesto su recurso de apelación, que será elevado al tribunal de la Sección Segunda de cara a su resolución. En concreto, Castro ha dado tres días a las partes para que puedan recurrir en reforma —ante el propio Juzgado— la resolución judicial, y cinco días para que puedan hacerlo directamente ante la Audiencia.

En un duro recurso, Horrach critica que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 haya hecho sobre la infanta "un juicio de valor basado en meras conjeturas: Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio".

"Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados", subraya tajante el fiscal, contraponiendo estos aspectos a una instrucción "presidida por un credo y no por la sana guía de la duda".

En esta misma línea, el representante del Ministerio Público acusa a Castro de verter insinuaciones "imbuido por oleadas previas de interesados inputs mediáticos" que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental. Y ello porque, ironiza, "la realidad 'no vende' y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales".

El fiscal anticorrupción añade a sus acusaciones que el juez Castro sufre "contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación" y desprecia indicios exculpatorios. Asimismo, le reprocha que "cambie radicalmente de criterio", ya que "lo que era blanco y transparente en el año 2012 muta a oscuro y con tintes criminales en el año 2014".

El juez "elude" miles de correos electrónicos que, en opinión del acusador público, "acreditan que en la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizoon no intervenía doña Cristina de Borbón", así como las decenas de e-mails que "revelan la nula participación" de la infanta en "la decisión de imputar facturas de gastos como costes de explotación de Aizoon".

Según Horrach, el instructor ha construido "un andamiaje probatorio con una falsa apariencia de solidez" para imputar a la infanta, que se desmoronaría con "una leve brisa" porque se basa en tres circunstancias de "nulo valor incriminatorio": que es socia de Aizoon, esposa de Iñaki Urdangarin y pagó gastos personales con cargo a dicha empresa que poseen al 50 %.

Recalca que, en el derecho penal, "no cabe admitir ningún tipo de presunción de participación por la mera convivencia conyugal", como tampoco se puede "inferir de forma automática un propósito criminal" de los actos propios de una entidad mercantil como que doña Cristina firmara las actas de las juntas generales y el alquiler de la oficina situada en su propio domicilio.

En relación a los dos delitos fiscales, Horrach critica la ambigüedad, indefinición y contradicciones de esta imputación. Señala que el propio juez ha manifestado dudas sobre la correcta tributación de determinados ingresos y califica de "incongruente" que se impute a la hermana de Felipe VI por "presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos de Aizoon".

El juez dice en el auto que no puede desimputar a la infanta basándose en su declaración porque no respondió a las preguntas. El fiscal replica: "No es que la imputada sea evasiva, sino que no dice lo que el instructor quiere oír".

Por otro lado, Horrach también ha recurrido la imputación de Ana María Tejeiro, la esposa de Diego Torres (el exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos), por delito fiscal. El juez mantuvo la imputación de Tejeiro por cinco presuntos delitos de prevaricación, cuatro de malversación, cinco de fraude a la Administración, cinco de tráfico de influencias y uno de falsedad en documento oficial, estafa y falsificación de documentos mercantiles.