La dura pugna judicial que mantienen el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, y el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha vivido este miércoles su último capítulo. Mediante un escrito, Horrach  ha pedido a Castro más pruebas para sostener la imputación de la infanta Cristina por fraude fiscal y blanqueo de capitales, y ha sugerido que ha basado su decisión en una "teoría conspiratoria".

Muchos han visto en esta acción una defensa a ultranza de la monarquía. Partidos políticos como Izquierda Unida y UPyD también han criticado abiertamente la actuación del fiscal anticorrupción de Baleares.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha emplazado a Pedro Horrach a recurrir la decisión de José Castro si considera que existe una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta, en lugar de hacer "declaraciones", porque "no es un tertuliano más".

En su opinión, el fiscal está intentando "blindar" a la infanta y esté haciendo "todo lo contrario" porque, en su opinión, "cae en el ridículo cuando sobreactúa" haciendo daño a la Casa del Rey y a las instituciones. "La Fiscalía no debe ser la tapavergüenzas de ninguna institución, deben ser el garante de que las cosas funcionen", ha añadido.

"El fiscal ha hecho desde el principio algo intolerable, que es ejercer de abogado y de defensa de la infanta cuando la infanta tiene su abogado que, por cierto, creo que pagamos todos", ha denunciado, por su parte, el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán.

Desde las asociaciones de fiscales consultadas por 20minutos, esta situación se valora de forma diferente. Han considerado que es "normal" que existan "discrepancias" entre jueces y fiscales y destacan que precisamente una de las "misiones" del Ministerio Fiscal es "discutir, cuando crea que hay que discutir" las decisiones judiciales.

"Es demasidado arriesgado expresar una opinión sin conocer a fondo el procedimiento, pero lo que sí te puedo decir es que las discrepancias entre jueces y fiscales son normales y habituales", ha comentado Concepción Talón, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), que agrupa al sector conservador. "La profesionalidad del fiscal Horrach está fuera de toda duda. Este caso no tendría nada de especial si no fuera por el sujeto implicado", ha agregado.

La Asociación de Fiscales compartió públicamente en abril de 2013 la determinación del fiscal Horrach de recurrir la anterior imputación de la infanta, algo que ahora no ha ocurrido, una decisión que calificó de "absolutamente profesional".

Para Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), "en este caso hay un punto de excepcionalidad por la trascendencia del caso", ya que en procedimientos de esta magnitud "no suele haber enfrentamientos duros, pero no hay nada raro, las discrepancias no tiene que ver con que la infanta esté imputada".

García Ortiz ha confirmado que "es habitual que haya enfrentamientos entre jueces y fiscales a la hora de llevar una instrucción". "En un procedimiento penal tanto jueces como fiscales se posicionan y el fiscal no tiene por qué compartir las decisiones del juez", ha exlpicado. Sobre las expresiones utilizadas en los escritos, ha dicho que "cada uno se expresa de una manera".

Otras fuentes fiscales expertas consultadas han manifestado que los fiscales "en cualquier diligencia" tienen que regirse por los principios de "objetividad y legalidad", ya se trate "de un robo pequeño o de una estafa más complicada".

Según recoge su Estatuto Orgánico, el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Cuando el Fiscal actúa ante los Tribunales no está representando el interés de una persona concreta, sino el de toda la sociedad, a quien interesa que la ley se cumpla.

El Ministerio Fiscal tiene una estructura jerárquica que tiene como cabeza visible al Fiscal General del Estado, cargo que actualmente ocupa Eduardo Torres-Dulce. Una de sus aristas es la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se encarga de los procesos relativos a ciertos delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, en ambos casos relacionados con el fenómeno de la corrupción, vinculada al beneficio económico ilícito.

El artículo tres del citado Estatuto define sus funciones. Entre las principales destacan "ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales", "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social" o "ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda".