La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes su memoria sobre 2012.

En términos generales, descendió el número de procedimientos penales por delitos (-3,15%) respecto a 2011; por ejemplo, descendieron los homicidios (-10%), los delitos de lesiones y los delitos contra la libertad sexual; por otro lado, crecieron las actuaciones contra abusos a niños (+30%), los delitos contra la libertad y los robos con fuerza en casas (24%).

La memoria destaca también un crecimiento del impago de pensiones (alcanzó el 12%) y un descenso de las mujeres fallecidas por violencia de género (52). Asimismo, hace una mención especial a las participaciones preferentes y relaciona el recrudecimiento de la crisis económica con el "repunte" en el delito "poco frecuente" de la ocupación de viviendas.

El informe, que dedica un análisis amplio al fenómeno de la corrupción, para el que reivindica una policía especializada que luche contra ella y un refuerzo con inspectores de Hacienda, toca varios aspectos judiciales y sociales y hace propuestas en varias áreas, reconociendo que la crisis ha causado estragos en muchas de ellas:

La memoria destaca, sin ofrecer una cifra concreta, un "aumento notable" de este tipo de delitos, en el que ha influido "decisivamente" la crisis económica, como también lo ha hecho, incide, en la carga de trabajo de jueces y fiscales.

También se ha detectado "un ligero aumento" de los delitos relacionados con el fraude en el IVA y en el impuesto de Sociedades. En los últimos 3 años, ha apostillado el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se ha registrado un incremento del 17% en las causas abiertas por delitos relacionados con la corrupción (malversación, prevaricación, tráfico de influencias...), explica.

Por contra, han descendido, aunque no de forma significativa, las denuncias por defraudación de IRPF, dice la Fiscalía, que agrega que "probablemente haya tenido alguna incidencia" en esto la amnistía fiscal parcial. La memoria se queja del retraso en la instrucción de los procedimientos por delitos económicos, que suelen conducir a rebajas en las penas.

La Fiscalía, por otro lado, apela "a la sensibilidad de los fiscales" para que "eviten la criminalización de conductas cuya única causa sea la situación económica desesperada del autor", pero les pide que persigan a los defraudadores que causen "directa o indirectamente pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores".

La memoria reproduce una carta que la mayoría de los fiscales delegados para delitos económicos remitieron a su superior, en la que le pedían fiscales especializados en materia de delincuencia económica"; asimismo, destaca como "peculiaridad" del año 2012 la asunción "de numerosas causas referidas a cajas o entidades financieras en crisis".

La agenda de los Juzgados de lo Social, encargados de tramitar las demandas por despido, está "desbordada a años vista" y los fiscales no dan abasto, dice la Fiscalía; han aumentado "considerablemente", debido a la crisis económica, los procesos en los que se invoca la vulneración de derechos fundamentales, añade.

La Fiscalía reconoce que "muchos particulares" que adquirieron preferentes han acudido a ella en busca de asesoramiento ante las ofertas de arbitraje de los bancos, pero que no ha podido proporcionárselo "al estarle expresamente vedado".

Se planteó ejercer acciones penales "cuando el producto emitido fuera estructuralmente engañoso" o "cuando se hubiera comercializado el producto fraudulentamente", pero finalmente, el pasado mes de mayo, concluyó que no existió "un plan diseñado y preconcebido" de las entidades y aconsejó a los afectados que recurrieran a la vía civil.

Las preferentes, explica, son productos "que se alejan mucho de los que hasta el momento se estaban comercializando para el perfil inversor del tramo minorista y especialmente de los depósitos, dado que en ningún caso tienen una rentabilidad asegurada ni una forma de recuperar la inversión distinta a la venta del producto o, en su caso, a la espera a la fecha de vencimiento".

El riesgo de la amenaza yihadista es "elevado", explica la memoria, que añade que las últimas operaciones policiales demuestran la presencia en España de personas y organizaciones vinculados a este terrorismo, aunque advierte de las "enormes dificultades legales" para probarlo.

Las referencias a Al Andalus y los compromisos de las tropas españoles en misiones en el exterior en países musulmanes o con una alta presencia de ellos como Afganistán, el Líbano, Mali y Somalia demuestran, afirma la Fiscalía, que España sigue vigente como objetivo a atacar dentro del ideario del terrorismo yihadista.

De este modo, alerta de la presencia en territorio español de personas y organizaciones dedicadas a la causa yihadista, si bien precisa que sus funciones se centran en logística y tareas de propaganda, principalmente a través de Internet.

No obstante, advierte del "peligro latente" de que las organizaciones dedicadas a labores logísticas se transformen en grupos operativos capaces de cometer atentados terroristas y observa, además, una tendencia a que esas actividades las realicen grupos pequeños o personas solas (los denominados "lobos solitarios").

Nueve personas fueron detenidas el pasado año en España, lo que evidencia la tendencia a la baja de arrestados desde el 2004, con la excepción del año 2009.

El Ministerio Público cree que ETA está inmersa en un proceso de debate interno que "previsiblemente estaría en su recta final", aunque advierte de que la situación actual "no está suficientemente consolidada" al no haber desaparecido la banda y, por tanto, puede "retornar a anteriores posiciones".

En opinión de la Fiscalía, las discrepancias internas en el seno de ETA como en su entramado de apoyo representan un foco de atención para las fuerzas de seguridad. Considera "relevantes" algunos factores como la incorporación de miembros de SEGI a las estructuras de ETA, la disposición de armas y explosivos, el mantenimiento de su estructura logística, la comisión de robos o la posesión de material falsificado.

No excluye que la dirección de ETA pueda cambiar su estrategia y volver a posiciones anteriores si los acontecimientos no siguen el camino diseñado por ellos y si ven "inalcanzable" el logro de sus objetivos. Destaca que en 2012 fueron detenidas por su vinculación a ETA 50 personas, de las que 23 fueron arrestadas en España y 27 en el extranjero.

El recorte de los presupuestos en las tareas de prevención de los incendios forestales ha disminuido su investigación y los medios de combate y extinción, explica la Fiscalía General, que califica este aspecto como "nuevo" y que forma parte de la argumentación contenida en las fiscalías de Huelva y Burgos, que destacan las restricciones presupuestarias.

Respecto al número de incendios, fiscalías como la de León, Navarra y Tenerife hablan de aumentos, mientras que Valencia define la situación como "catastrófica". Sin embargo, y aún existiendo sectores judiciales que dictan pocas sentencias condenatorias, sobre todo en supuestos negligentes, en Valencia, de las 46 dictadas, el 100 por 100 son condenatorias.

Durante 2012, 552 personas fueron detenidas y/o imputadas por incendios. La Fiscalía señala que los fuegos provocados negligentemente por el hombre (uso de maquinaria agrícola, quemas de rastrojos) constituyen la mayoría de los casos. Reitera la necesidad de que el Fiscal participe en las instituciones administrativas en control y prevención de incendios.

Sobre este tema la Fiscalía descarta la existencia de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés. No obstante, explica, "no ha cejado en su empeño de esclarecer" las denuncias presentadas tanto por asociaciones de afectados como por particulares en los dos últimos años.

Algunas Fiscalías consideran que la actividad de las asociaciones de afectados y el impacto mediático de los casos denunciados han actuado como factor desencadenante; también coinciden en señalar que el paso del tiempo ha conducido a la desaparición de fuentes de prueba cruciales, particularmente documentales.

La crisis, dice el Ministerio Fiscal en su memoria, influye en la seguridad vial mediante un uso "menor y más responsable del vehículo por parte de todos"; también considera la mayor concienciación de los ciudadanos.

Destaca que por primera vez desde 2007, el número de procedimientos abiertos ha disminuido "sensiblemente" respecto al año anterior, siendo mayor el descenso en los delitos por conducir bajo los efectos del alcohol y en los que el conductor circula sin permiso. El número de procedimientos incoados fue de 118.186 frente a los 140.650 de 2011.

Propone modificar la Ley de Seguridad Vial para que los médicos comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico si alguno de sus pacientes con carné de conducir sufre una enfermedad o deficiencia que afecta a la conducción.

El número de causas incoadas por delitos contra la propiedad intelectual descendió en 2012 un 25% con respecto al año anterior, hasta 1.152. La memoria indica que los delitos contra la propiedad intelectual asociados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han aumentado, pero no especifica cuánto.

Dice la Fiscalía que la evolución de estos delitos está marcada por la reforma del Código Penal de 2010, ya que rebajó a la categoría de "falta" la distribución al por menor de obras y productos ilícitos cuando el beneficio reportado no excediera de los 400 euros, conducta referida principalmente al fenómeno de la venta callejera (top manta).

La disparidad judicial en materia de urbanismo y el desconocimiento y/o reticencia de jueces a la hora de aplicar las demoliciones de inmuebles son algunos de los problemas "graves" que afrontan los fiscales, pese a la bajada del número de delitos en este terreno, explica la memoria.

El informe destaca que las sentencias condenatorias dictadas en los últimos años y la crisis están detrás de la reducción de los delitos urbanísticos. La memoria de la Fiscalía de Madrid destaca, por su parte, "las serias divergencias" que se observan a la hora de sentenciar por los juzgados y secciones de la Audiencia.

Los "espectaculares" descensos registrados en los últimos años en el número de accidentes laborales se han debido principalmente a que con la crisis hay menos personas trabajando, explica la Fiscalía.

El organismo asegura que el 65% de la reducción de los siniestros en el puesto de trabajo se debe a la recesión, mientras que el 35% restante a la acción de la Fiscalía. Por ello, descarta que la prevención sea la responsable de esta caída y aconseja evitar "lecturas triunfalistas" aunque las cifras sean buenas.

Desde 2006 -cuando empezó a funcionar la fiscalía contra la siniestralidad laboral- y hasta 2012 los accidentes mortales se han reducido un 53,1%, los graves o muy graves el 57,6% y el 56,1% los leves. Si se compara 2008 con 2012 los accidentes mortales han pasado de 831 a 444,; los graves de 7.064 a 3.625; y los leves de 821.046 a 400.844.

Respecto al principal problema que aqueja a los procedimientos de siniestralidad, la Fiscalía apunta el número de causas pendientes y el tiempo que se tarda en resolverlas, en algunos casos 10 años, por la falta de especialización en los juzgados de Instrucción y por la personación de varios perjudicados como acusación particular.

La Fiscalía reconoce que el papel de la mediación en los procedimientos de familia no tiene hasta ahora un "auténtico despegue", causado en cierta medida por la reducción presupuestaria, aunque desde el Ministerio Fiscal se destaca su eficacia para resolver conflictos con una perspectiva más humanista.

Subraya que los servicios de mediación implementados por entidades locales, autonomías o asociaciones dotadas de financiación pública han supuesto durante los últimos años "un impulso para esta fórmula de reducción de la litigiosidad", pero cree que ese empuje se ha visto "frenado por la reducción del compromiso presupuestario en este ámbito" desde los distintos entes públicos debido a la crisis.

En 2012 hubo un descenso generalizado de los procedimientos contenciosos a favor de los de mutuo acuerdo, aunque los primeros todavía suponen un 52% del total. Entre las causas de esa disminución contenciosa está "la necesidad de reducir los costes del procedimiento en un entorno de crisis como el actual" y "el éxito" de los mecanismos de mediación.

La Fiscalía critica que el cambio en el reparto de las cargas familiares por una crisis que incide en el paro y la precariedad salarial determina que sean las pensiones de ahorro de las personas mayores con discapacidad las que soportan las cargas de los más jóvenes de la familia.

En 2012 se interpusieron 128.543 denuncias por violencia machista y solo se incoaron 32 procedimientos por denuncia falsa, un "escasísimo" porcentaje "suficientemente elocuente", según el Ministerio fiscal. El número de mujeres fallecidas por violencia de género (52) descendió por segundo año consecutivo, ya que se han registrado 16 menos que en 2011.

Del total de víctimas muertas, 11 eran extranjeras y también han experimentado un descenso respecto al año anterior (16 menos). Si se compara las cifras absolutas de mujeres fallecidas con el de nacionales y extranjeras censadas en España, la proporción es mayor entre estas últimas.

Sin embargo, el porcentaje de víctimas que no interpusieron denuncia ha pasado del 76,4% al 80%. La Fiscalía considera "insostenibles" estos datos. Respecto al Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo, la Memoria destaca su "escasa implantación", ya que no se ha hecho efectiva en la mayoría del territorio nacional.