La Sanidad madrileña irá a la huelga en noviembre y diciembre contra las privatizaciones

Personal sanitario y pacientes protestan a las puertas del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
Personal sanitario y pacientes protestan a las puertas del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
EFE
Personal sanitario y pacientes protestan a las puertas del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.

Los cinco sindicatos mayoritarios del sector de Sanidad y presentes en la mesa de negociación con la Comunidad de Madrid (CC OO, UGT y CSIT-UP, además del sindicato médico Amyts y los de enfermería Satse y Usae), han convocado cuatro jornadas de huelga para todo del personal de los centros públicos regionales en total, 75.000 trabajadores.

El paro se celebrará los días 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre y se convoca contra los recortes y las privatizaciones anunciadas por el presidente regional, Ignacio González. Estas medidas ya han provocado encierros en los 20 hospitales más grandes de la región, una medida a la que este viernes se sumó el Hospital Fundación de Alcorcón.

La huelga fue anunciada este viernes por los representantes de los trabajadores. Al mismo tiempo, un grupo de delegados sindicales se encerraba en una sala de la Consejería de Sanidad situada frente al despacho del consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty. Allí permanecieron durante tres horas. Después, entregaron una carta al director general de Recursos Humanos, Armando Resino, expresando su "absoluto rechazo" al plan de reestructuración de la Sanidad.

Menos servicios y cierre de centros

El conocido como 'Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid' provocará, según los sindicatos, la pérdida de más de 7.000 puestos de trabajo en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), a los que hay que sumar más de 1.000 puestos no sanitarios.

El plan incluye la completa privatización de la gestión de 6 hospitales, de todos los servicios no sanitarios del resto, del 10% de los centros de salud, la conversión de dos hospitales de referencia -La Princesa, en centro de geriatría, y el Carlos III, en hospital de larga estancia- y el cierre de otro, el Instituto de Cardiología. La medida implica, además, un traslado masivo de personal.

Sanidad: "Hay que pagar las nóminas"

Esta huelga supone un hito por ser la primera vez que todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad realizan una convocatoria unitaria de paro total.

El presidente de Amyts, Julián Ezquerra, justificó la unión en que de los recortes de este plan "no se libra ninguna categoría, sean sanitarios o no sanitarios", según recogió la agencia Efe. El proyecto del Gobierno de Ignacio González, añadió el secretario de Sanidad de CC OO, Manuel Rodríguez, supone la desaparición de 26 categorías de personal no sanitario. Todos esos trabajadores pasarán a depender de empresas privadas a las que les serán adjudicados los servicios de lavanderías, cocinas o mantenimiento, entre otros.

Los sindicatos no desconvocarán la movilización salvo que la Consejería de Sanidad retire el plan, algo que, según el consejero Lasquetty, no va a ocurrir.

El responsable de Sanidad justificó este viernes que para "pagar las nóminas" de los trabajadores y mantener el mismo nivel de calidad de la Sanidad pública madrileña no hay otro camino que la gestión a través de empresas privadas y la imposición de medidas como el euro por receta. La razón que adujo es el recorte de 2.700 millones en el presupuesto regional, una circunstancia que también ha obligado a hacer ajustes en Educación o en Servicios Sociales.

Para la oposición, en cambio, esa es la excusa del Partido Popular para acometer un "desmantelamiento de la Sanidad pública". "Esto no va a quedar en unos días de movilización; esta batalla por todos los hospitales de la Comunidad estamos dispuestos a librarla hasta ganar. No vamos a permitir que se privaticen y pasen a formar parte del negocio de algunos", advirtió el secretario general del Partido socialista de Madrid, Tomás Gómez, a quien el PP acusa de "meter miedo" a la ciudadanía para "sacar rédito político".

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