Las declaraciones de los testigos del 'caso Kárate' han concluido este martes con el testimonio de tres policías. Los cuatro acusados en este proceso se enfrentan a más de 600 años de cárcel por abusos sexuales y corrupción de menores. Desde que se iniciara el juicio el pasado mes de mayo más de un centenar de testigos han declarado ante la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.

Este procedimiento penal, considerado el mayor caso de abusos sexuales que se juzga en España por su número de afectados, continuará el próximo día 19 con el inicio de la prueba pericial que se practicará en dos jornadas, ese día y el 4 de diciembre, según ha anunciado el presidente del tribunal, Emilio Moya. A partir del día 10 de diciembre, las partes comenzarán a presentar sus informes definitivos sobre este caso.

En la jornada de este martes, dos de los policías que tomaron declaración a varios denunciantes han explicado al tribunal que en el chalé de Vargas (Gran Canaria), propiedad del principal acusado, Fernando Torres Baena, se han intervenido consoladores y vídeos de contenido pornográfico y de zoofilia.

Los niños que presuntamente sufrieron abusos se refirieron a la existencia de ese material en sus denuncias, según ha señalado la policía identificada como la testigo número 173, quien además ha incidido también en el temor que infundía sobre ellos la figura de Torres Baena, que ejercía "mucha influencia psicológica" entre los alumnos de su academia.

Esta policía, que fue miembro del Servicio de Atención a la Familia, también ha dicho que no puede olvidar la declaración del menor identificado como el testigo número 3, pues, según ha referido, le dijo que "pedía a Dios todos los días para que el caso saliera a la luz". Además, la testigo número 173 ha indicado que asistió al registro del chalé de Vargas y que no se dieron instrucciones precisas para que se buscaran restos biológicos.

Otro de los policías, identificado con el número 177, que analizó el materia informático que se intervino, ha dicho que el contenido que halló estaba relacionado con la práctica deportiva, salvo unas imágenes que se habían borrado de fotografías de personas desnudas y fumando droga.

La Fiscalía solicita para el principal acusado, el karateca Fernando Torres Baena, una pena de 303 años de prisión por 36 delitos de abuso sexual, 13 de corrupción de menores y uno de tenencia ilícita de armas. Para la monitora María José González Peña, esposa de Torres Baena, el Ministerio Fiscal pide 154 años de cárcel por 20 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores.

La también monitora Ivonne González Herrera se enfrenta a 146 años de prisión por 19 delitos de abusos sexuales y cuatro de corrupción de menores, mientras que el monitor Juan Luis Benítez se expone a 18 años de prisión por tres delitos de abusos sexuales.