Los 35 detenidos este martes durante los disturbios ocurridos en la protesta 'Rodea el Congreso' no sólo podrían ser imputados por delitos de orden público, daños y lesiones, sino también por aquellos cometidos contra organismos de la Nación y que son competencia de la Audiencia Nacional (AN). Unos cargos –lo delitos contra la instituciones del Estado- que podrían acarrear penas de tres a cinco años de cárcel o una multa de 12 a 24 meses, según recoge el Código Penal (artículos 493, 494, 495).

Estas penas pretenden salvaguardar la capacidad de decisión de los políticos. Es decir, evitar que los grupos violentos puedan cambiar el voto de un representante y así la dirección de un país. "Un delito muy grave para ser imputado a los detenidos en las manifestaciones de este 25-S", confesó a 20 minutos una letrada del Consejo General de la Abogacía. "Vemos difícil que los terminen condenando por esta causa. Primero tendrían que demostrar que intentaban modificar la decisión de algún representante. Creemos que no es el caso. La gente salió a la calle para protestar por la situación del país, no por una decisión en concreto", explicaron desde el consejo.

Lo lógico para el Consejo de la Abogacía sería que estos detenidos hubieran sido acusados de un delito contra la autoridad pública, que podría quedar en una falta (una sanción) si se demuestra que no fue muy grave. Si el delito contra la autoridad pública es considerado grave –hubiera terminado con la lesión de un agente- también conllevaría penas de prisión, pero inferiores al delito contra los organismos de la nación.

Para Endika Zulueta, abogado penalista, la posible imputación de los detenidos el 25-S acusados de un delito contra las instituciones del Estado es surrealista. “El Código Penal no impide a las personas manifestarse en el Congreso. Lo que prohíbe el código es alterar el normal funcionamiento de la cámara. Eso no ocurrió. Que yo sepa, la cámara funcionó normalmente en todo momento”, afirmó. Zulueta también ve descabellada la imputación de los ocho miembros del 25-S que fueron detenidos hace una semana acusados del mismo delito. "¿Como te pueden acusar de interrumpir el funcionamiento de algo que aún no se ha celebrado?”, cuestiona.

Durante las protestas se produjeron numerosos enfrentamientos entre los manifestantes, que lanzaron multitud de objetos a los cuerpos de seguridad, y la Policía, que cargó con dureza en varias ocasiones. Los enfrentamientos se saldaron con 60 heridos, uno de ellos de gravedad. Las cargas de los agentes comenzaron en la plaza de Neptuno, a unos doscientos metros del Congreso, para más tarde extenderse a todas las calles adyacentes al Parlamento. También se produjeron cargas en el paseo del Prado y en los alrededores de la estación de Atocha. Grupos de agentes llegaron incluso a entrar en los andenes.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, defendió este miércoles la actuación policial y culpó de lo sucedido a la "violencia extrema de algunos manifestantes". El Ministerio del Interior y diferentes asociaciones policiales también defendieron el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y volvieron a culpar a los grupos radicales. Por su parte, varios portavoces de la coordinadora 25-S y otros colectivos afirmaron que son ajenos a la violencia de algunos grupos en las protestas en el entorno del Congreso de los Diputados, y animaron a sus seguidores a llevar la cara descubierta y a no usar pasamontañas en las próximas movilizaciones.

Los detenidos permanecían en la mañana de este miércoles en dependencias policiales a la espera de prestar declaración ante la Policía Nacional.