Los abogados de los ocho imputados por un delito contra las instituciones del Estado con motivo de la convocatoria de protesta para el martes día 25 en el entorno del Congreso han aportado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una copia de la autorización de la Delegación del Gobierno.

El viernes pasado Pedraz imputó a ocho personas, a las que ha citado el próximo 4 de octubre, después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se inhibieran en favor de la Audiencia Nacional para que investigue estos hechos, ya que este tribunal es el competente para instruir ese tipo de delitos.

Los letrados han presentado este lunes ante el magistrado una copia del permiso de la Delegación de Gobierno, que ha autorizado varias concentraciones, reuniones y marchas, así como una "asamblea general" convocadas para mañana martes alrededor del Congreso, pero a cierta distancia de la Cámara y sin acampada permanente.

Dicha autorización se ha concedido a instancias de un particular que lo solicitó en la mañana del día 19 y que, según han dicho fuentes de la Delegación, representa a los convocantes.

Sin embargo, la Coordinadora 25-S y la Plataforma en Pie, convocantes de la marcha ciudadana de desobediencia civil que quiere rodear el Congreso el próximo martes, aseguran que no han sido ellas las que han solicitado la autorización.

Lo autorizado por la Delegación del Gobierno son concentraciones en la Plaza de España y Atocha entre las 12 y las 14 horas del día 25, siempre en zonas peatonales "salvo que la afluencia de personas desborde la capacidad" de éstas, "en cuyo caso se habilitarán nuevos espacios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Las mismas puntualizaciones establece la Delegación del Gobierno al autorizar las reuniones o "asambleas populares" en la plaza de España y en el paseo del Prado de 14 a 17.30 horas.

A las 17.30 horas tienen el visto bueno de la Delegación las marchas-manifestaciones desde la Plaza de España a Sol por la calzadas derecha de Gran Vía, Callao y Preciados, y desde Cibeles a Neptuno, donde se leerá una "proclama ciudadana".

Pedraz imputa a las ocho personas un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.

Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de este tribunal sólo ha imputado a las ocho personas que se han identificado, aunque están investigando a más.