Un año después de que los controladores aéreos abandonaran sus puestos de trabajo coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución, dejando a miles de viajeros atrapados, la Justicia aún investiga si el caos que se produjo fue una acción premeditada y si Aena y el Gobierno pudieron evitarlo.

La denuncia de unos padres porque su hijo, que estudiaba fuera de Madrid, no podía volver, fue la primera que recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, cuya titular, María del Sagrario Herrero, comenzó el 10 de diciembre de 2010 una investigación que podría prolongarse aún otros dos años. Así lo ha señalado en una entrevista el exfiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a los 11.500 perjudicados de la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo.

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha presentado otras 2.000 denuncias y ha anunciado 8.000 más. Frente a los miles de afectados, 250 controladores están imputados solo en Madrid (el ministro de Fomento, José Blanco, anunció en su día la apertura de 442 expedientes disciplinarios), por delitos de abandono de funciones públicas, coacciones, contra la Ley de Navegación Aérea y, en un caso, detención ilegal tras la denuncia de unos pasajeros retenidos durante horas en un avión. Otros Juzgados en Mallorca, Málaga, Barcelona, Santiago o las islas Canarias tienen abiertos procedimientos por los mismos hechos.

Para Ortiz Úrculo, la responsabilidad no recae solo en los controladores, ya que "hubo una falta de diligencia porque para Aena era previsible y evitable lo que estaba ocurriendo". En cuanto a la actuación del Gobierno, este letrado considera que tampoco fue la "conveniente", y esa es la razón por la que se han interpuesto dos tipos de reclamaciones: la administrativa y la penal.

La primera reclama la responsabilidad patrimonial de Aena (y subsidiariamente la del Estado), y la segunda se dirige contra los controladores porque, con "concierto previo" abandonaron sus puestos de trabajo, "sin avisar previamente y sin que existiera ningún tipo de huelga". Y aunque la Audiencia Nacional ha eximido a Aena de indemnizar a un pasajero por el cierre del espacio aéreo, un juez de Palma de Mallorca ha señalado recientemente que sí cree que ese organismo podría ser responsable civil subsidiario de los perjuicios sufridos por los viajeros, opinión compartida por Ortiz Úrculo.

Este abogado sostiene además que el Juzgado de Madrid debería hacerse cargo de toda la causa (de hecho, la magistrada ha admitido la personación en la misma de afectados en otros lugares) para evitar "contradicciones". En ese órgano, que desde el pasado mes de junio cuenta con cuatro funcionarios de refuerzo para este asunto, se ha tomado declaración hasta el momento a cien controladores (que siguen la pauta común de alegar que sufrieron estrés y no pudieron trabajar, según fuentes jurídicas) y a diez testigos, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha añadido que la causa suma ya 43 tomos.

En próximas fechas se citará como testigos a quienes negociaron el fallido convenio colectivo previo al paro de los controladores, a altos cargos de Aena y del Gobierno cuando sucedieron los hechos, a los militares que acudieron a los centros de control y a los jefes de sala de las torres.

"La jueza también tiene el propósito de saber qué ocurrió con las comunicaciones con los distintos aeropuertos europeos", afirma el TSJM. Los correos electrónicos enviados por el sindicato de controladores (USCA) desde el hotel Auditorium (donde se reunían), el cruce de llamadas y SMS entre los imputados los días previos a su plante y sus declaraciones a los medios de comunicación han sido también requeridos por la jueza, que hará una inspección ocular del Centro de Control de Madrid.

La magistrada acordó el pasado mes de septiembre imputar a la junta directiva de USCA a petición del despacho de Ortiz Úrculo, partidario de que a los promotores del plante se les "sancione más que al resto" y que reclama una indemnización de 10.000 euros por daños morales para cada perjudicado. Los tribunales determinarán si esa cantidad es adecuada o no, pero es muy buena la idea de luchar para que "unos hechos coactivos no vuelvan a ocurrir", concluye el exfiscal general.