Más que cambios, ajustes y retoques. Los principales partidos han optado por no hacer grandes modificaciones en sus propuestas para las elecciones del 26 de junio, y concurren prácticamente con el mismo programa electoral con el que se presentaron a los comicios del 20-D. Sin embargo, seis meses después, hay nuevos elementos con los que antes no se contaba: una deuda por encima del 100% del PIB y un desvío del déficit que ha dejado un agujero superior al 5%, frente al 4,2% pactado con Bruselas para este año. Esto último supondrá dejar en herencia al próximo Gobierno que salga de las urnas un recorte de 8.000 millones, según exige la Comisión Europea, y una posible multa de 2.000 millones como castigo a los incumplimientos de España, a la que da un año extra para cumplir. ¿Pero qué novedades plantean los partidos para la nueva legislatura?

Salvo cambios de última hora, mantiene el grueso de su programa electoral, a excepción de un par de nuevas propuestas, aunque ninguna de ellas será para incluir recortes. Lejos de eso, el partido que lidera Mariano Rajoy ha apostado por una nueva bajada de impuestos, que consistirá, según anunció el propio Rajoy, en reducir dos puntos todos los tramos del IRPF. La medida ha sido muy criticada por el resto de partidos, que consideran contradictorio que el líder popular haga esa promesa al tiempo que envía una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, comprometiéndose a hacer más ajustes si gobierna tras el 26-J. "Estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir los objetivos", decía.

Otra propuesta nueva que ha hecho el PP tiene que ver con la conciliación. Así, apuesta por promover que la jornada laboral en España concluya "con carácter general" a las 18.00 horas, según anunció el propio Rajoy el pasado 2 de abril. También habló de la creación de un "banco de horas" para utilizar con flexibilidad, o la puesta en marcha de un "sello" –certificado de calidad– para las empresas con horario racionales, que además tendrían beneficios fiscales. Pero el núcleo principal de su oferta para el 26-J serán los cinco grandes pactos nacionales ofreció en febrero al socialista Pedro Sánchez y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, como base para negociar una gran coalición: (crecimiento y empleo; reforma fiscal y financiación; pacto social; pacto por la educación y pacto por el fortalecimiento institucional.

Los socialistas consideran que su programa del 20-D sigue siendo válido, aunque en esta ocasión han fijado fechas y plazos concretos y han añadido nuevas medidas y compromisos. La piedra angular de su propuesta de Gobierno sigue pasando por la reforma fiscal, que prevé aprobar en un plazo máximo de seis meses y con la que pretende sufragar el aumento del gasto que supondrán buena parte de sus medidas, como el ingreso mínimo vital para los más vulnerables que pretende aprobar en 4 meses. Para ello mantendrá la tarifa de IRPF para las rentas medias y bajas y subirá la de las rentas del capital, preve una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades y Patrimonio y reducirá el IVA Cultural, que actualmente se sitúa en el 21%. Promete subir el salario mínimo en un 4%, un porcentaje que no aparecía especificado en el anterior programa y que supone tres puntos más de lo que acordó Pedro Sánchez con Ciudadanos.

Para este 26-J el PSOE se ha marcado como objetivo que caiga a la mitad el actual porcentaje de desempleo al final de legislatura: del 20% al 10%, y ha anunciado un plan de choque dirigido a los parados de larga duración que costará 3.300 millones. Pero su principal novedad es reforzar las pensiones en el plazo de un año con recursos adicionales a los derivados de las cotizaciones, mediante transferencias presupuestarias basadas en un "recargo de solidaridad" para financiar la Seguridad Social. En el aterior programa hablaba de negociar con Bruselas para ampliar un año el cumplimiento del déficit, un plazo que ahora amplía a dos años.

En cuanto su reforma de la Constitución, en el apartado territorial se ha introducido una propuesta para Cataluña novedosa, al proponer “un pacto político" bilateral que debe plasmarse en la Carta Magna. Aunque no es nuevo ese planteamiento en el PSOE, nunca antes se había hecho de forma tan explícita. Otra gran novedad es la promesa de someterse a los dos años a una moción de confianza en el Parlamento, una oferta que hizo a Podemos durante las fallidas negociaciones a tres de la pasada legislatura.

La coalición electoral de Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida constituye la gran novedad para el 26-J. Tanto la formación de Pablo Iglesias como la de Alberto Garzón mantendrán los mismos programas que presentaron a los comicios del 20 de diciembre. No obstante, han pactado 50 medidas como base programática para la próxima legislatura, que serían las principales líneas de actuación del gobierno al que aspiran.

El nuevo modelo económico, la defensa de los servicios públicos, la regeneración democrática, los derechos sociales y la derogación de las normativas aprobadas por el PP (reforma laboral, ley mordaza, tasas judiciales, LOMCE) articulan el eje central de la propuesta, que aparca cuestiones como el modelo de Estado y el "proceso constituyente", pero mantiene apostar por la celebración de un referéndum en Cataluña. Se centra en medidas económicas y sociales como la renta garantizada, la subida del Salario Mínimo, una profunda reforma fiscal, crear una banca pública o la reforma electoral.

Aunque también mantiene el grueso del programa del 20-D, el partido de Albert Rivera hará algunos ajustes. Para empezar, lo reforzará con la inclusión de una memoria económica "detallada y específica", y ha anunciado una serie de retoques para adaptar sus medidas a la nueva coyuntura económica de España, tras conocerse el empeoramiento de la previsión de déficit público. De momento, el responsable económico de la formación, Luis Garicano, ya ha adelantado que su promesa de bajar el IVA general del 21% al 18% y el reducido del 10% al 7% "no será factible".

Tampoco contempla ahora a corto plazo, como prometió para el 20-D, reducir los tipos de tramos del IRPF, ya que su planteamiento inicial suponía que el Estado recaudase unos 2.100 millones de euros menos. En cuanto a una de sus medidas estrella, el complemento salarial para las rentas más bajas, habrá que esperar a la presentación oficial del programa para ver qué pasa.

Otro cambio anunciado es el que afectará a su propuesta de cambiar la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género por considerar que existe “asimetría” en el trato penal que reciben hombres y mujeres. Ante la avalancha de críticas recibidas, C's ha comunicado que modificarán la redacción de esta medida, ya que, según Rivera, su objetivo no es rebajar las penas a los maltratadores, sino aplicar un tratamiento penal homogéneo a todos los tipos de violencia doméstica (no habla de violencia de género).