No esperen demasiado de la reunión del día 9, o mejor no esperen casi nada. Pedro Sánchez y Joaquim Torra se reunirán el lunes próximo en la Moncloa y nada permite suponer que puedan llegar a acuerdo alguno, al menos de relevancia. Ello no significa que el encuentro vaya a ser del todo inútil. Sobre Cataluña hay un solo aspecto en el que coinciden constitucionalistas e independentistas y es que, tal y como están las cosas, al conflicto no se le vislumbra solución alguna. La apuesta de Sánchez, que un amplio sector de los independentistas comparte, es separar "solución" de "distensión" para normalizar en lo posible la vida política catalana y su relación con el Estado. Es lo que llaman "bajar el suflé".

Esa línea de acción (que tanto el PP como Ciudadanos califican de entreguista, cuando no de supuesto pago por los apoyos de ERC y PDeCAT a la moción de censura) cuenta con el beneplácito de la dirección de Esquerra y de aquellos miembros del PDeCAT procedentes de la antigua Convergència que optan por el pragmatismo y no soportan ya los delirios de Puigdemont. Por el contrario, el núcleo duro del antes honorable, junto al entorno de su pupilo, el president Torra, y los de la CUP no tienen el menor interés en rebajar la hinchazón. De hacerlo, sus expectativas electorales decaerían al mismo ritmo que se intensifica el hedor a cadaverina política que despide el prófugo acomodado en Alemania.

A pesar de lo cual, desde la Generalitat se reclaman una y otra vez al Estado gestos en favor del diálogo que ellos, en cambio, apenas ofrecen, más allá de participar en algún foro o comisión bilateral con el Gobierno central.

En ese sentido permanece intacto el concepto de unilateralidad que rigió el procés, es decir, que se mueva el otro, que yo sigo en mis trece. Ni siquiera el acercamiento de presos —que, aunque responda a una norma de la ley general penitenciaria al haber concluido la fase de instrucción, el Gobierno se ha preocupado en acelerar— es percibido por el separatismo radical como un ademán en favor de la distensión, y exigen al Ejecutivo el excarcelamiento, ignorando una vez más que sus presos están en manos de la justicia no por decisión política, sino por saltarse la ley. Sobre este particular las autoridades penitenciarias catalanas deberían tener buen cuidado de que no se otorgue el menor trato de favor a los trasladados, porque el simple agravio ante el resto de los internos, que cualquiera de ellos o un funcionario podría denunciar, desataría un escándalo que iría en contra de la situación procesal de los políticos presos, al igual que las marchas y peregrinajes a las cárceles.

Así pues, el escenario descrito y la actitud beligerante del president Torra mientras reclama "un diálogo abierto" no permiten crearse grandes expectativas en la reunión del lunes, pero servirá, al menos, para que cada cual se retrate y si se consigue mantener abierta la vía de comunicación, valdrá la pena. Sánchez ofrecerá el desbloqueo de inversiones y la revisión de los conflictos competenciales que están en el Tribunal Constitucional y, por lo que va contando, Torra solo quiere hablar de presos y autodeterminación. Es importante que la sociedad catalana perciba quién se esfuerza en hacer habitable la convivencia política y social de Cataluña y quién apuesta por el 'cuanto peor, mejor'. A los que no quieren bajar el suflé, puede que les estalle en la cara.