Están las aguas revueltas en el Supremo. Como diría el refranero popular: éramos pocos y parió la abuela. Resulta que cuando en Europa se están cuestionando las decisiones de nuestros jueces; cuando anda Puigdemont pregonando por el mundo que la justicia en su país es parcial, llega el Tribunal Supremo y monta un lío con las hipotecas que, al margen del alivio generado en la banca, Hacienda y comunidades autónomas, no ha dejado contento a casi nadie.

Y digo a casi nadie porque, a juzgar por la comparecencia de Quim Torra de este miércoles, a él sí. No habían pasado ni 24 horas de la decisión del Supremo cuando ha salido a la palestra para denunciar las «graves carencias de la justicia española» y ha aprovechado para pedir la libertad de los «represaliados», como él los llama, que están en prisión preventiva.

Todo ello justo a las puertas de un juicio oral a los líderes independentistas y después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo considerara que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo. ¡No nos falta un detalle!

Al margen de que es evidente que había que aclarar la contradicción que suponía la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre este impuesto, que contradecía a otras muchas dictadas anteriormente por la de lo Civil; al margen de que los miembros del Pleno recibieran más o menos presiones para corregir una sentencia que obligaba a los bancos a pagar este impuesto, algo que desconozco, lo cierto es que el Alto Tribunal tiene un problema de imagen y comunicación importante. Además, ha ocurrido en el momento más inoportuno. Uno tiene que ser bueno y parecerlo, pero especialmente ahora.