Cuando cada año se elaboran los presupuestos generales del Estado, se establecen unas cantidades destinadas a ayudar a aquellas regiones que puedan sufrir algún desastre. Es pertinente que así sea, porque la duda no es si eso va a ocurrir, sino cuándo, dónde y a cuántas personas afectará.

En estos últimos días, se han producido inundaciones en la mitad norte del país, mientras se espera el final de la erupción en la isla de La Palma. Como es natural, quienes padecen las consecuencias esperan recibir la solidaridad de los demás españoles a través de esas partidas de los presupuestos destinadas, precisamente a ese fin. Y, sin embargo, el procedimiento para conseguir las ayudas se suele convertir en una pesadilla interminable que tiende a acabar con la paciencia de cualquier posible beneficiario.

La Unidad de Drones de los bomberos de Zaragoza capta la crecida del Ebro

Responsables públicos de algunas localidades afectadas por la crecida del río Ebro recuerdan que aún están por llegar las ayudas por otra inundación de hace varios años. Hay cantidades que deberían haberse recibido en Lorca, por el terremoto que se produjo hace once años. Y, si eso es así, se entiende que buena parte de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para paliar el desastre provocado por el volcán de La Palma no hayan llegado todavía a la isla.

Sería fácil culpar al gobierno de turno por el retraso en estas actuaciones. Y, sin duda, cada gobierno deberá asumir la cuota de responsabilidad que le corresponda en la agilización o ralentización de los procesos. Pero el problema parece, más bien, sistémico: la burocracia convierte los procedimientos en una larga y desesperante batalla contra el tradicional y muy español “vuelva usted mañana”, que ya glosó con maestría Mariano José de Larra en el siglo XIX.

Tiene toda la lógica que se establezcan mecanismos de verificación para la concesión de cantidades económicas que proceden de los impuestos de los contribuyentes. Es imprescindible no malgastar el dinero público. Pero, de la misma forma, el retraso en la resolución de un problema concreto también supone una pérdida de eficacia y, como consecuencia, un desperdicio de las cantidades que deberían ayudar a recomponer la actividad económica de una zona destruida por una calamidad natural. Por ejemplo, una empresa que no puede funcionar porque ha sido afectada por una inundación o por la erupción de un volcán, ni genera riqueza ni puede crear puestos de trabajo ni pagará impuestos.

Es imprescindible repensar el funcionamiento de las administraciones públicas. Y este no es un problema que afecte a un gobierno o a un partido concreto, sino a las instituciones en su conjunto. Si somos capaces de crear organismos eficientes, los problemas se resolverán antes.