Vivir sin miedo

Sònia Guerra  Diputada, portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista y Secretaria de Políticas Feministas del PSCOPINIÓN
Maltrato infantil
Maltrato infantil
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La lucha contra la violencia en la infancia y la adolescencia es un imperativo de derechos humanos. Por eso, este miércoles el Congreso de los Diputados y Diputadas aprobará la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Vamos a hacer frente a los diferentes tipos de violencia que sufren las personas menores de edad en nuestro país. A todas. Da igual el espacio, el lugar o el entorno. Como por ejemplo, en el ámbito digital, donde más del 40% de nuestras adolescentes afirma haber sufrido situaciones de acoso sexual.

Que nuestros niños y niñas no sufran violencia es un imperativo de derechos humanos sí, y sin embargo estos derechos están siendo vulnerados a nivel mundial. Solo en España, más de treinta y ocho mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia. Y casi la mitad de los delitos contra la libertad sexual tienen como víctimas a personas menores de edad (47,6%).

"¿Por qué callan nuestros menores? En muchos casos porque se culpabilizan de la violencia sufrida, en otros porque piensan que no se les creerá, otros no saben cómo hacerlo."

Protección, sensibilización, prevención y concienciación al conjunto de la sociedad española. De esto trata esta ley. Un hito histórico en la protección de nuestros niños y niñas. Histórico y extremadamente necesario.

Solo uno de cada cinco menores de edad víctimas de violencia denuncian. Uno de cada cinco. Ese silencio nos habla y nos duele a todos y todas. ¿Por qué callan nuestros menores? En muchos casos porque se culpabilizan de la violencia sufrida, en otros porque piensan que no se les creerá, otros no saben cómo hacerlo.

Esta ley recoge cada una de estas situaciones para facilitarles alzar la voz de manera segura. Esta ley contempla el derecho a ser informado y escuchado, a la asistencia jurídica gratuita, a la infoaccesibilidad para denunciar de manera clara y directa. Esta ley defiende la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la victimización secundaria. Y esta ley, por fin, amplía hasta los 35 años la prescripción de abusos sexuales o violaciones, de los 18 años que preveía actualmente.

Pero hay más. Incorporamos la perspectiva feminista, tal y como establece la Ley de Igualdad de 2007 o la propia Constitución española. Porque un maltratador nunca puede ser un buen padre, esta ley suspende de oficio el régimen de visitas al hombre contra el que se dicte una orden de protección. El objetivo es, también, evitar la violencia vicaria y poner punto y final al uso del falso síndrome de alienación parental.

Esta es una ley que cambiará la vida de cientos, de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Una ley que nos hace más democráticos, más humanos, mejores. Esta es la ley que nos permite sostener la mirada a nuestros menores, y alentarles a que vuelen, a que sueñen, y sobre todo, a que vivan. A que vivan sin miedo.

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