Instacart, una de las numerosas plataformas de la llamada ‘economía colaborativa’ digital en EE UU –dedicada a hacer la compra en el súper y llevarla al domicilio de sus usuarios–, decidió el mes pasado recortar a la mitad la propina de sus trabajadores. Contra todo pronóstico por parte de la compañía, sus repartidores/compradores ‘autónomos’ decidieron ir a la huelga un par de días este noviembre. La respuesta de Instacart fue tan rápida como implacable: eliminación de los ‘bonos’, que suponían hasta el 40% de los ingresos mensuales de los riders.

No es la primera vez que una empresa de la ‘economía colaborativa’ (en el mundo anglosajón utilizan un término más adecuado: gig economy, que podríamos traducir como ‘economía del bolo’ para destacar su carácter eventual) muestra cero interés en la negociación colectiva. Pero tampoco es la primera vez que los trabajadores de esta economía, pese a ser supuestamente autónomos independientes, se organizan en una protesta para reclamar mejores condiciones de trabajo. Hace más de dos años, los riders de Deliveroo convocaban la primera huelga en España en una de estas plataformas digitales. Una estela que han seguido los trabajadores de Glovo en 2018 y este pasado verano en nuestro país.

Curiosamente, los trabajadores de estas plataformas se están apoyando también en la nueva economía colaborativa y digital para organizarse y poner en marcha sus protestas. Los riders de Glovo en Zaragoza, por ejemplo, lograron colapsar la app de la compañía durante horas en septiembre de 2018, saturándola de pedidos simultáneos. Y otros compañeros de Deliveroo, Uber Eats y Glovo en España han tirado incluso de micromecenazgo (crowdfunding) para montar sus propias aplicaciones de reparto en Barcelona –Mensakas– o Madrid –La Pájara–. Sus riders también llevan comida en bicicleta, pero manejan las riendas y salarios de su propia cooperativa.