Nacho Murgui Concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid
OPINIÓN

El futuro de la participación en Madrid

Una de las dos salas en las que se dividió la sesión constitutiva del Foro Local de Centro.
Una de las dos salas en las que se dividió la sesión constitutiva del Foro Local de Centro.
MÁS MADRID
Una de las dos salas en las que se dividió la sesión constitutiva del Foro Local de Centro.

Miles de madrileñas y madrileños se han unido estos días en la constitución de los Foros Locales de sus distritos y han renovado el compromiso de trabajar para mejorar nuestra ciudad.

Contrariamente a lo que esgrimen sus detractores, el interés por la participación ha aumentado y se ha consolidado. En el anterior mandato, esta realidad participativa arrancó con el apoyo de tres de los cuatro partidos del Pleno, que representaban casi al 70% de los votantes de la capital. Lo mismo ocurrió con los presupuestos participativos y Decide Madrid. También se aprobó la Ordenanza de Cooperación Público Social y se creó el Observatorio de la Ciudad.

Miles de personas se han implicado en impulsar numerosas mejoras: nuevos campos de fútbol en Sanchinarro y Carabanchel, salas de ensayo en Ciudad Lineal o reformas de parques en Arganzuela.

Frente al compromiso de la ciudadanía, respondiendo a las exigencias de los elementos ultras en los que se apoya, el equipo de gobierno desmantela una estructura de participación que ha demostrado ser útil y muy necesaria: cierra el Observatorio de la Ciudad, amenaza con asfixiar a los Foros Locales, paraliza los presupuestos participativos y deroga la Ordenanza de Cooperación Público Social. Madrid no puede renunciar a la enorme riqueza que es la inteligencia y el compromiso de miles de personas dispuestas a cooperar para mejorar su ciudad. Sería un retroceso irreparable que las puertas del Ayuntamiento vuelvan a cerrarse.

El equipo de gobierno debe abandonar su inercia revanchista, su acatamiento a los dictados de sus socios ultras y dar cauce a la voz de las personas que quieren ejercer su derecho constitucional a participar en los asuntos públicos. 

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