La obsesión del independentismo y del mundo de Podemos por exigir cada dos por tres la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, no es otra que seguir impugnando la legitimidad de nuestra democracia constitucional. Tiene razón el socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, cuando pide "mucha prevención" al Gobierno Sánchez con la futura ley de memoria democrática porque determinadas concesiones, ni que sean retóricas, socavan el espíritu de la "reconciliación nacional" que hizo posible la Transición.

En lugar de mirar hacia un pasado de enfrentamientos guerracivilistas, nuestros padres, abuelos o bisabuelos decidieron construir el futuro. La amnistía no fue un truco de los sectores franquistas para lograr la impunidad de sus delitos, como algunos pretenden hacernos creer, sino una exigencia de los demócratas, y muy particularmente de la izquierda, en medio de unas circunstancias muy inciertas. Aunque el franquismo sin Franco difícilmente podía sobrevivir, tampoco estaba escrito que tan rápidamente se lograra un completo sistema de derechos y libertades.

Lo peor no es la mentira, ni el ridículo de repetir lo que ya está escrito, sino esa terquedad por tergiversar la Transición, anulando sus éxitos

Pretender como afirman en Podemos que con la nueva ley se podrán investigar y enjuiciar los crímenes de la dictadura es mentira. Para empezar porque de esa época ya no queda casi nadie con vida, pero sobre todo porque no se pueden aplicar normas con carácter retroactivo. La Constitución ya dice que en todo lo relativo a derechos fundamentales, incluidos la persecución del genocidio y la tortura, rigen los tratados internacionales firmados por España. Pero siempre en adelante. Lo peor no es la mentira, ni el ridículo de repetir lo que ya está escrito, sino esa terquedad por tergiversar la Transición, anulando sus éxitos.

ERC no apoyó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, y tampoco lo hará ahora

Quien protagonizó la amnistía de 1977, votada por el Congreso tras las elecciones de junio de ese mismo año, fueron los antifranquistas, y muy particularmente el PCE. "¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?", dijo Marcelino Camacho, que había sufrido 9 años de cárcel. ERC no apoyó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, y tampoco lo hará ahora, pues sería tanto como desmentir su relato sobre la pervivencia del franquismo que impide, claro está, el ejercicio de la autodeterminación.

Lo lamentable es que la actual dirección del PCE, con Enrique Santiago, que es secretario de Estado y diputado de Unidas Podemos, traicione ese legado histórico: haber contribuido de manera decisiva a que la democracia fuera posible con una apuesta temprana por la reconciliación nacional. En la Transición hubo olvidos, que después se han ido subsanando con un reconocimiento oficial de las víctimas, pero ya es hora de dejarla políticamente en paz.