La constitución del nuevo Parlament, el viernes pasado, ha coincidido con el 40 aniversario del llamado Manifiesto de los 2.300, que fue promovido por intelectuales, escritores y profesores críticos con la deriva monolingüe en la enseñanza y la administración catalana una vez que Jordi Pujol alcanzó la presidencia de la Generalitat en 1980. 

El deseado apoyo a la lengua catalana para superar la discriminación sufrida durante la larga dictadura franquista se transformó en un programa cuyo objetivo era –y sigue siendo– la exclusión del castellano. Cuatro décadas después, los peligros del nacionalismo lingüístico que los firmantes de ese manifiesto denunciaron valientemente se han demostrado ciertos. Peor aún, con el procés, que es fruto de los polvos del pujolismo, se ha producido un salto hacia una hispanofobia descarada. La división social, el deterioro de la convivencia y el declive económico catalán son sus principales consecuencias.

En su declaración de intenciones ha ratificado la lógica nacionalpopulista que impulsa al secesionismo

La casualidad ha querido que Laura Borràs haya sido elegida presidenta del Parlament el mismo día del 40 aniversario de aquel manifiesto. No solo es una detractora del bilingüismo social que se practica en Cataluña, sino que tacha al castellano de "lengua de colonización". En su declaración de intenciones ha ratificado la lógica nacionalpopulista que impulsa al secesionismo: rechazo a la separación de poderes, repudio a la primacía de la justicia y adaptación de la ley a "la voluntad del pueblo".

Que Borràs ocupe este cargo significa comprometer al Parlament con el lodo de la corrupción, pues sobre ella recaen acusaciones de malversación y falsedad documental por trapicheos suyos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. Su posible inhabilitación la estimula a intentar antes algún tipo de desobediencia institucional para pasar por una heroína independentista.

Impulso Ciudadano denuncia la amenaza sobre la unidad territorial y la existencia de España como Estado democrático

Los 2.300 firmantes del manifiesto fueron ignorados cuando no tratados de provocadores anticatalanes. 40 años después, la entidad Impulso Ciudadano reivindica su vigencia y quiere darle continuidad con otro texto (que suscriben figuras como Fernando Savater, Carlos Jiménez Villarejo o Mario Vargas Llosa) en el que se denuncia no solo la palmaria discriminación del castellano y sus hablantes, sino la amenaza sobre la unidad territorial y la existencia de España como Estado democrático, como nación de ciudadanos libres e iguales. 

Porque lo cierto es que ni Junts ni tampoco ERC se desdicen del golpe contra la Constitución que perpetraron en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017. El ideario antidemocrático que sitúa a una mayoría política por encima de la ley fue reivindicado por Borràs con el aplauso del republicano Pere Aragonès. Igual todo es comedia, pero estamos avisados.