Los estudios de prevalencia que hizo el Gobierno español mostraron al principio una anomalía respecto a otros países. En España, la enfermedad había golpeado más a las mujeres y, además, de un estrato social muy determinado. El motivo no lo dio la ciencia, sino la economía: se debía a que muchas de ellas eran cuidadoras de personas mayores o limpiadoras. Es de justicia que el Gobierno reconozca la Covid como enfermedad profesional de los sociosanitarios. Pero debería ser para todos, no dejar fuera a los más débiles del sector. Hay otros lugares en los que ahorrar.