Hace una semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba unas medidas anticovid "de obligado cumplimiento" que habían sido rechazadas en la Comisión Interterritorial de Sanidad por varias comunidades autónomas.

El intento de imponer esas restricciones tenía poco que ver con el consenso que va asociado, por ley, a esa comisión.

El lendakari Urkullu habló de invasión de competencias, La Rioja, Andalucía, Cataluña y Galicia se opusieron. También Madrid, que recurrió ante la Audiencia Nacional. La respuesta judicial fue dictar medidas cautelarísimas que pararon la aplicación de las medidas. Tras el varapalo, la ministra ha anunciado que presentará nuevas medidas, esta vez previo acuerdo con los gobiernos autonómicos. Ha habido una pérdida de tiempo y una invitación a la litigiosidad inexplicables, pero Darias ha cedido.

La ministra debería también dar su brazo a torcer ante la protesta de los aspirantes a MIR (médico interno residente) y del resto de profesiones sanitarias por el nuevo sistema de elección de plaza. Los afectados denuncian que la vía telemática que ha arbitrado el Ministerio vulnera sus derechos. Los aspirantes ya no pueden ver qué plazas están disponibles en el momento de su elección. Son listas ‘a ciegas’, denuncian, cuyo resultado decide finalmente un ordenador.

Las protestas se han sucedido y derivaron ayer en un encierro en el Ministerio de los representantes de los afectados. También en este caso debería aplicarse el diálogo.