La subida del precio de la luz no afecta solamente a las familias o a las empresas, sino que también perjudica gravemente a los servicios públicos del transporte, como al de Metro de Madrid, gran consumidor de electricidad (más de 600 millones de kWh al año).

Con un incremento descontrolado del precio de la electricidad en el último año, el suburbano madrileño está soportando un sobrecoste inasumible y que no es posible mitigar con una simple modificación presupuestaria.

Las cifras desmienten a Sánchez: los precios del consumo empezaron a subir casi un año antes de la guerra de Ucrania

Hace poco menos de un año, en abril de 2021, los españoles llegaron a pagar 26,44 euros por el megavatio/hora, tras un repunte en enero hasta los 51 euros/MWh. El martes, 8 de marzo, se batió el récord histórico en el precio del megavatio/h al superar los 700 euros entre las 19.00 h y 20.00 horas.

El año pasado, como consecuencia de la subida del precio de la energía desde la primavera, Metro de Madrid tuvo que abonar a final de año una factura de 43,19 millones más cara, y la proyección para 2022 es de 268 millones de euros, más de cinco veces superior que hace solo dos años. La situación es muy grave y amenaza la propia continuidad del servicio.

Pero Metro de Madrid no es la única empresa pública afectada. Hasta 15 operadores de transporte metropolitano, suburbano y ferroviario de toda España suscribimos una carta hace unos meses dirigida a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, reclamando una solución urgente a este problema que amenaza la viabilidad económica de este servicio público que utilizan a diario más de 1,5 millones de personas. No se ha obtenido respuesta alguna.

"La situación es muy grave y amenaza la propia continuidad del servicio"

El Gobierno de España, que tiene congelada su aportación al transporte público en Madrid desde 2016 y que apenas supone el 8% de las necesidades totales de la red, no puede mirar hacia otro lado y desentenderse. Por ello le reclamamos una actuación urgente.

Lo hacemos dejando al margen la disputa y la confrontación y le instamos, con lealtad institucional y por responsabilidad pública, a tomar medidas urgentes y efectivas ante la profunda preocupación que nos genera esta situación, agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Corresponde a la Administración General del Estado asumir la toma de decisiones a nivel nacional en esta materia para aliviar la factura energética de servicios públicos esenciales, como es el caso del transporte, cuyo coste se ha disparado y sobre el que los gobiernos autonómicos no tienen competencias en materia fiscal para mitigarlo.