Cinco millones de euros mueve cada día la prostitución. El cálculo es de la Fiscalía y ha de ser aproximado sin que acierte a imaginar el método empleado para establecerlo. Porque hablamos de un negocio alegal, es decir, sin normas, situado en un limbo jurídico y en consecuencia operando con el más alto grado de opacidad. Una actividad siempre polémica, discutida y discutible desde los albores de la civilización, que vuelve a la palestra de la mano de Pedro Sánchez y su solemne compromiso en el reciente congreso del PSOE en Valencia de redactar una ley para abolir la prostitución esta legislatura, algo en lo que se supone coincide con el PP, partidario también de la abolición.

Quiero creer que el presidente del Gobierno es consciente de que una cosa es redactar una ley abolicionista y otra muy diferente que esa ley logre acabar con el oficio más viejo del mundo. Tan resistente a la adversidad es el negocio del sexo que en Irán, donde la prostitución no solo es observada como una práctica amoral, sino que se considera un crimen susceptible de ser penado con la muerte, se vio cómo, desde que la Revolución Islámica decretó el cierre de las llamadas 'casas secretas', los burdeles clandestinos se multiplicaron como hongos, diseminándose por todos los barrios y haciendo imposible cualquier control mínimamente eficiente sobre ellos.

Nada ni nadie logrará nunca acabar con el negocio del sexo por muy altisonantes que sean las declaraciones de los políticos y por muchas trabas legales que le pongan a esa práctica. Otra cosa bien distinta es discutir y abordar con rigor y sin hipocresía ni demagogia la mejor forma de proceder para acabar con la vil explotación que impera en la trata de personas.

Las estimaciones policiales, también aproximadas, sitúan en torno al 85% la cifra de mujeres que ejercen la prostitución sometidas por las mafias, muchas de ellas en régimen de esclavitud.

"La mayoría son extranjeras, no tienen papeles y están económica y físicamente atrapadas por quienes las captaron"

Por encima de cualquier consideración moral o ética, este sojuzgamiento es con diferencia lo más escandaloso que acontece ante nuestras narices y lo que debería tener la máxima prioridad en el debate sobre la cuestión.

Tienen sentido por tanto las diferencias que establecen partidos de tan diferente pelaje como ERC y Ciudadanos entre las personas que ejercen la prostitución de forma voluntaria y aquellas que son víctimas de las tramas mafiosas. Este aspecto es importante porque algunas fuerzas políticas como En Comú Podem temen que la penalización de la actividad y las multas a los clientes aumenten la opacidad y, en consecuencia, generen mayor precariedad e indefensión a las mujeres que ejercen la prostitución. Los partidos que gobiernan en Cataluña, al igual que la CUP y Bildu, coinciden en que no se multe a los dueños de los locales para no propiciar la clandestinidad.

Todas las fuerzas parlamentarias asumen la necesidad de intensificar la persecución del proxenetismo y poner mayor empeño en la desarticulación de las mafias que manejan la trata de personas. Todos igualmente apuestan por ofrecer a las meretrices el mayor nivel de protección proponiendo alternativas ocupacionales que las desenganchen de la prostitución. Se da sin embargo la circunstancia de que la mayoría son extranjeras, no tienen papeles y están económica y físicamente atrapadas por quienes las captaron. Esa es la realidad a la que hay que descender para afrontar tamaña ignominia. Ninguna moralina ilusoria a izquierda o derecha va a rescatarlas del yugo que les arrebata su libertad y su dignidad destrozando sus vidas.