Ni la historia ni el derecho internacional otorgan a Marruecos el menor atisbo de legitimidad sobre la soberanía del Sáhara. Su posición dominante sobre la excolonia española la obtuvo en 1975 cuando ocupó el territorio saharaui con aquella Marcha Verde que puso a España en la tesitura de dejarse invadir o disparar contra una manifestación de civiles desarmados orquestada desde Rabat.
Probablemente nadie hubiera dado la orden de abrir fuego contra aquella muchedumbre adoctrinada pero aún menos aquel Gobierno español con Franco agonizando y un príncipe Juan Carlos asumiendo provisionalmente la Jefatura del Estado sin la auctoritas necesaria para tomar semejante decisión. El rey Hassan, astuto y taimado, sabía que el momento de golpear era ese y no lo dudó. Desde aquel entonces, el reino de Marruecos no ha cumplido con la legalidad internacional ni con ninguno de sus compromisos diplomáticos reclamados desde Naciones Unidas. Su incumplimiento más lacerante fue el del acuerdo de alto el fuego que firmó con el Frente Polisario en 1991 bajo el auspicio de la ONU y que establecía la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca convocó. Con objeciones y excusas de mal pagador, como los manejos del censo electoral, hizo imposible un plebiscito que el llamado Plan Baker llegó a fijar para el 7 de diciembre de 1997.
Su incumplimiento más lacerante fue el del acuerdo de alto el fuego que firmó con el Frente Polisario en 1991
Y así, dejando pasar el tiempo sin cumplir con lo pactado ni darse por enterado del dictamen del Tribunal de La Haya que negaba la existencia de vínculo alguno de soberanía de Marruecos ni Mauritania sobre el Sáhara Occidental, Rabat fue consolidando su posición por la vía de los hechos consumados. Una posición especialmente incómoda para España como potencia administradora de la descolonización que los distintos Gobiernos de nuestro país fueron sorteando empleando una diplomacia ambigua que trataba de combinar su respeto al mandato de la ONU con los intereses económicos y geoestratégicos que nos atan a tan incómodo vecino.
En los últimos años, ese equilibrio se hizo imposible. Ya el Gobierno Zapatero en 2007 se vio en la necesidad de hacer un guiño de aceptación al plan de autonomía marroquí que deja al Sáhara como una comunidad autónoma, pero no con la contundencia con la que sorpresivamente lo hizo el viernes pasado Pedro Sánchez. A nadie se le oculta la preocupación que suscitaba en Moncloa la crisis con Marruecos tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario Brahim Gali, y sus consecuencias sobre la presión migratoria en Ceuta y Melilla. De la misiva enviada por Moncloa a la Casa Real alauí, donde se destacan los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para encontrar "una solución mutuamente aceptable", el único adjetivo que de verdad justifica el giro operado en favor de las tesis de Rabat es el "realismo".
La triste y tozuda realidad es que después de 46 años de ocupación del Sáhara Occidental el conflicto permanece enquistado y no existe objetivamente posibilidad alguna de que los saharauis puedan lograr la soberanía sobre su territorio. Donald Trump asestó en 2020 el golpe de gracia al reconocer Estados Unidos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. España se había quedado prácticamente sola en la defensa del referéndum de autodeterminación toda vez que Francia e incluso Alemania se plegaron al plan marroquí. El rápido respaldo de la Comisión Europea a la decisión española da idea del nivel al que se ha impuesto en el conflicto la realpolitik. La forma y el momento en que se ha ejecutado el viraje son más que discutibles pero este sapo se lo tenía que tragar.
Comentarios