Pronto se cumplirá un año desde que arrancaron las campañas de vacunación contra la Covid y en todo este tiempo aún no he escuchado un solo argumento consistente que justifique racional o científicamente la negativa a vacunarse. El más oído es el que invoca derechos y libertades individuales sin acreditar qué les induce a usar tales derechos para rechazar el hasta ahora único modo eficaz para frenar una pandemia que se ha cobrado millones de vidas, colapsado los hospitales y que provocó una crisis económica de dimensiones planetarias.

En los últimos días asistimos en Europa a una auténtica vorágine de manifestaciones contra los confinamientos y la exigencia del pasaporte Covid que limitan el acceso o la movilidad de los negacionistas. Protestas promovidas mayoritariamente por populismos de extrema derecha donde se escuchan lemas delirantes y a las que acude la más amplia variedad de pirados imaginable. Una suerte de terraplanismo sanitario con un trasfondo violento que causa perplejidad y especial indignación entre quienes han perdido familiares y amigos por culpa del virus y en los que aún pelean en primera línea contra él. 

Países Bajos traslada a Alemania a pacientes con coronavirus ante el aumento de casos

Que la vacuna funciona, con sus limitaciones e inconvenientes muy puntuales, no presenta ninguna duda y la estadística lo corrobora categóricamente. Allí donde la vacunación va más avanzada es donde la agresiva e hipercontagiosa variante delta causa menores estragos. No es casualidad que sean países como Austria o Eslovenia, con apenas el 60% de vacunados, los que vean disparada la incidencia de contagios en la nueva ola y tengan que volver al confinamiento a estas alturas del proceso.

Los no vacunados que, para no ser tachados de insolidarios esgrimen que quienes han recibido la vacuna también contagian, o ignoran o manipulan la verdad. Hay varios estudios que certifican taxativamente hasta qué punto la contagiosidad desciende entre los inmunizados. El más reciente llevado a cabo por el instituto Pasteur estima que el riesgo de transmitir el virus entre quienes no se vacunaron es 12 veces mayor que el que comportan aquellos que sí lo hicieron. Es decir que los cuatro millones y medio de españoles que, por el motivo que fuera, no han pasado por el pinchazo son hoy los mayores propagadores del virus y, en consecuencia, los que han de ser objeto de un riguroso control.

La televisión pública austríaca sortea coches y casas para fomentar la vacunación contra la covid-19

El dato más apabullante es que hasta un 80% de los ingresados en UCI son pacientes no vacunados y la inmensa mayoría del 20% restante están en esa situación por cruzarse la Covid con otras patologías previas. El riesgo de muerte de los mayores sin vacunar es 25 veces mayor. Tales evidencias descalifican a quienes ponen sus neuras o delirios personales por delante del interés general de la ciudadanía en tan peligroso trance. 

Griten cuanto griten, no puede haber tantas contemplaciones con el negacionismo absurdo, y los poderes públicos han de tomar cuantas medidas coercitivas permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos para que se vacunen o limiten su actividad con el objeto de reducir al máximo la complicidad consciente o inconsciente, deliberada o no con este virus devastador. Si las leyes marciales contemplan la movilización de los ciudadanos para empuñar las armas y arriesgar sus vidas en la defensa de un país, no parece desproporcionado el apretar las tuercas a quienes tan solo se insta a que se vacunen o al menos se aparten lo más posible para no contagiarse ni contagiar a los demás. Es lo menos que se les debe exigir.