Ahora nos parece increíble lo que aguantábamos. Y solo hace 15 años de aquella ley antitabaco que causó gran revuelo porque a muchos fumadores les resultaba cosa de talibanes. Hasta ese 2006, cuando entraron en vigor las restricciones, las oficinas estaban envueltas en nubes de humo, la atmósfera en las discotecas se hacía irrespirable y era casi imposible salir de un bar o un restaurante sin que la ropa apestara a tabaco. Esa polémica ley del Gobierno Zapatero, que sería modificada en el 2010 para extender la prohibición de fumar a cualquier espacio de uso colectivo, fue diseñada para proteger a los llamados fumadores pasivos que, según coincidían todos los estudios, sufrían serios perjuicios sanitarios a causa de adicciones ajenas.

Sanidad quiere prohibir fumar en el coche, empaquetado de tabaco genérico y acotar el cigarrillo electrónico

En la actualidad, nadie discute que esa ley fue un acierto y más aún desde la irrupción de la pandemia al comprobar que el virus viaja con especial comodidad en el humo que exhalan los fumadores. La triste realidad es que, según los balances científicos, el consumo de tabaco se cobra casi 70.000 vidas cada año en nuestro país, una cifra próxima a la de las víctimas de la Covid que a todos nos resulta terrorífica. Esos mismos estudios señalan que el tabaquismo resta anualmente en España 1,7 millones de años de vida generando miles de enfermos crónicos.

Son datos que dan una idea del gasto sanitario que supone esta adicción tan difícil de reducir. Es lo que pretende el Ministerio de Sanidad con el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, un documento que se someterá al criterio y aportación de las sociedades científicas y comunidades autónomas, un plan que no tendrá carácter de ley, lo que sería más resolutivo.

Lo que plantea el borrador como punto de partida es prohibir fumar en las terrazas de los bares, en las playas y en el interior de los vehículos. Esto último ya lo planteó hace no mucho la DGT por motivos de seguridad, pero terminó aparcándolo ante los posibles problemas legales que pudieran surgir. Un temor discutible porque encender y consumir un cigarrillo conduciendo no parece menos peligroso que el hablar por el móvil, y esto último está severamente castigado.

¿Dónde está prohibido fumar?

Otra de las medidas clave, y puede que la más dura del plan, es la aplicación de una drástica subida fiscal al tabaco. Ahora los impuestos suponen el 80% del precio final, lo que nos sitúa en la media europea, pero hay países de la UE, como la vecina Francia o Alemania, donde la carga fiscal es mucho mayor, y en Irlanda un paquete de cigarrillos puede costar el doble que aquí. El tema impositivo es asunto medular porque en España el Estado recauda casi 9.000 millones de euros al año por el tabaco, entre impuestos especiales e IVA, y es un ingreso al que Hacienda no querrá renunciar.

Tampoco es menor lo que la industria tabaquera supone para la economía nacional. El nuestro es el tercer productor de Europa, genera más de 40.000 empleos y 2.800 millones de euros anuales. El 98% de esa producción se sitúa en Extremadura, donde 1.300 explotaciones agrícolas producen cada año casi 30.000 toneladas de hoja de tabaco. Este factor económico tiene el suficiente peso para que el plan de Sanidad incluya la necesidad de buscar alternativas al cultivo de tabaco y las incentive.

Se trata, en definitiva, de buscar fórmulas efectivas y realistas que permitan reducir un 30% el tabaquismo en 2025, como pretende la OMS, rebajando un tercio de la mortalidad por esta causa.

A diferencia de la ley del 2006, el objetivo ahora no es proteger a los fumadores pasivos, sino ponérselo crudo a los que fuman y que lo dejen de una vez.