Si algo evidencia el coronavirus, entre otras penalidades, es la fragilidad de nuestro sistema sanitario al estar dividido en 17 unidades diferentes con un Ministerio al frente, vaciado de competencias, que se ha visto desbordado por la pandemia cuando ha querido hacerse con el control de la situación.

Ni siquiera somos capaces de consensuar un número de teléfono centralizado de información contra la Covid-19. Somos el único país de la UE que no dispone de uno. Nosotros ofrecemos 17 números distintos.

Sin entrar en el terreno ideológico, y sí en criterios de eficiencia y eficacia, es fácil llegar a la conclusión de que la descentralización de las competencias sanitarias ha supuesto una pérdida de tiempo para el ciudadano –también de dinero– además de un agravio comparativo entre territorios. Quizás lo veo tan claro porque he vivido hasta en cuatro comunidades distintas.

Con la gravedad de la situación, el panorama es aún peor tras habernos dejado en el camino a miles de fallecidos, en un contexto en el que los sanitarios se están dejando literalmente la piel, el material de protección escasea y hacerse un test de diagnóstico aún es una proeza.

Mientras, estamos ante un escenario de 17 autonomías que compiten en un mismo mercado por conseguir un material similar, en un contexto en el que Gobierno y oposición son incapaces de sellar acuerdos. 

Fármacos contra la Covid-19 saldrán seguro, la vacuna también. Y la cuestión está en cuándo llegará el tratamiento a España, teniendo en cuenta que todos los países lo reclamarán, que la competencia será feroz y que acudiremos de forma fragmentada. Divide et vinces, decían los emperadores romanos.