La burbuja hipotecaria del año 2008 se llevó por delante las vidas de miles de ciudadanos y ciudadanas a los que las entidades financieras habían colocado hipotecas tóxicas a sabiendas de su posible impago, condenándoles a perder sus ahorros familiares, sus viviendas, y a unas deudas perpetuas que en muchos casos suponían la muerte civil.

El Gobierno de Rajoy y su brazo ejecutor, Luis de Guindos, lejos de rescatar a la población, decidieron hacerlo con la banca y crear la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), en el año 2012, comúnmente conocido como el “banco malo”. Su único ánimo era limpiar los balances de las entidades financieras adquiriendo miles de viviendas, esas que llamaron “activos tóxicos”, suelos y préstamos por valor de 50.781 millones de euros.

Cómo influirá en la vivienda la compra de la Sareb por parte del Gobierno

Con el objeto de que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, Sareb se constituyó con mayoría de accionistas privados y un 45% de capital público.

En la actualidad, se calcula que la Sareb acumula cerca de 140.000 viviendas, constituyéndose como uno de los mayores propietarios de vivienda del país.

Años después de aquella enorme estafa, la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) ha desmontado la trampa y el Gobierno de España se dispone a tomar el control del accionariado, eliminando los límites de la participación del Estado y convirtiéndolo en una sociedad pública de facto.

Parece bastante razonable plantear que si la Sareb va a convertirse en una sociedad pública, sus viviendas pasen a serlo también, engrosando el parque público de vivienda que en la actualidad es absolutamente insuficiente para satisfacer el derecho a la vivienda de la población. Algo que, por otra parte, el movimiento en defensa del Derecho a la Vivienda lleva reclamando desde hace años.

"Parece razonable plantear que si la Sareb va a convertirse en una sociedad pública, sus viviendas pasen a serlo también"

Se abre ahora una ventana de oportunidad para conseguirlo. Para que no solo asumamos “lo malo” socializando las pérdidas de una sociedad que, después de todo, se convierte en pública, sino que también podamos beneficiarnos de “lo bueno” y esto es que todas esas viviendas formen parte del parque de vivienda público de nuestro país.

Igualmente, es imperioso que Sareb paralice todos sus desahucios en curso, la creación de una comisión de investigación parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste de fondos públicos, así como establecer mecanismos de transparencia para saber con exactitud cuántas viviendas y suelos tiene actualmente Sareb, dónde se ubican y en qué estado se encuentran.