El Congreso de los Diputados votó, este jueves, a favor de prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero durante un pleno extraordinario muy crítico con la gestión que el Gobierno ha realizado de la crisis del control aéreo.

La votación, con algunos problemas a última hora debido que varios diputados no llegaron a tiempo, salió adelante con 180 votos a favor, 131 abstenciones y 9 votos en contra. Los votos favorables fueron los del PSOE, CiU, PNV y CC. El PP se abstuvo, mientras que BNG, NaBai, UPyD y ERC-IU-ICV se opusieron.

Asimismo, el Congreso rechazó la propuesta de Esquerra Republicana (ERC) e IU-ICV que planteaba limitar el estado de alarma a las torres de control afectadas por la paralización y poner fin al mismo cuando quedara constatado el fin del conflicto.

Poco antes de comenzar la sesión, el ministro de Fomento, José Blanco, comentó en los pasillos que el Gobierno aprovechará el periodo de prórroga para retomar las negociaciones del convenio colectivo de los controladores. Las palabras del socialista tomaron sentido poco después tras la aclaración realizada por el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, que confirmaba que, a todos los efectos, los controladores siguen siendo civiles, con los derechos de libertad sindical y negociación colectiva intactos.

Sorprendentemente, y en contra de lo previsto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al hemiciclo, pero no intervino en ningún momento, tal y como se preveía. Horas más tarde viajaba a Bruselas para asistir a una cumbre del Consejo Europeo, para tratar de estabilizar el euro.

La sesión comenzó con la intervención del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendiendo la solicitud de prórroga del Gobierno porque  "persisten problemas" que impiden que la recuperación de la normalidad "esté suficientemente garantizada"; así, advirtió que las consecuencias de una repetición de la situación vivida a principios de mes serían "demoledoras" y "catastróficas" para el país y el sector turístico.

"La simple incertidumbre representa un coste inasumible", aseguró. Por otro lado, recordó que actualmente "hay abiertas diligencias en diferentes fiscalías" para investigar los hechos, así como expedientes administrativos incoados y otros tantos disciplinarios abiertos para "depurar y sancionar las conductas ilícitas" de los controladores.

"Normalidad" fue una de las palabras más citadas por Jáuregui como objetivo fundamental a alcanzar con la prórroga del estado de alarma. En este tiempo, aseguró el ministro, "se van a operar más de 10.000 vuelos con más de 3,5 millones de viajeros". Habló, una vez más, de "sabotaje" y explicó que la solicitud de autorización se ha pedido "con idéntico contenido" al que tuvo la declaración del día 4.

Jáuregui dijo que las "circunstancias extraordinarias" que contempla la ley son las que han permitido al Gobierno tomar esta decisión, que no debe verse dentro de una "anormalidad constitucional", ya que "lo anormal son las razones que lo exigen". "No es tiempo de palabras, señorías, sino de seguridades", añadió. Después, tras hablar los grupos, confirmó que aportará al Congreso toda la documentación necesaria para demostrarlo.

Su intervención fue seguida por la de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sánez de Santamaría, quien dijo, muy vehemente, no entender "por qué el Ejecutivo necesita el doble de tiempo para resolver el conflicto" y le acusó de "absoluta incompetencia". Por esta razón anunció que su grupo no votaría a favor de la prórroga "que no puede respaldar de ningún modo" y se abstendría, como finalmente hizo.

Sáenz explicó que a Ejecutivo y PP les mueve "la misma voluntad", pero que la respuesta extraordinaria al conflicto -que ha convertido a Zapatero en un "presidente extraordinario", dijo- no está avalada jurídicamente y que el Gobierno debió hablar con el Consejo de Estado desde el principio. El Gobierno ha transformado "lo posible en inevitable" con su "falta de autoridad", finalizó.

Pere Macías, portavoz de CiU en la Comisión de Fomento del Congreso, insistió en que la "libre circulación de los ciudadanos" es una prioridad en estos momentos, pero advirtió de que su grupo no aceptará una nueva prórroga. Por su parte, José Ramón Beloki (PNV) recordó que la situación vivida fue "muy grave" y es consecuencia de la cesión por parte de las autoridades a las exigencias de los privilegios laborales de controladores.

Por otro lado, Ana Oramas (CC), explicó la situación que vivió Canarias durante el paro, en el que los viajeros quedaron "aislados y secuestrados". Y por último, como parte del "sí" a la prórroga, el socialista José Antonio Alonso justificó la medida porque la amenaza de los controladores sigue "plenamente vigente" de cara a la Navidad y "no tenemos ninguna garantía" de que vayan a respetar las fechas.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, acusó al Gobierno de aplicar una medida que "no tiene base legal" y dijo que en realidad todo es "una cortina de humo" para tapar la actual situación económica del país. Por su parte,  Uxúe Barcos, portavoz de Nafarroa Bai, criticó que la medida tomada "recuerda demasiado a la peor política del siglo XIX".

Desde ERC, Joan Ridao, acusó al Gobierno de tomar una decisión "endeble, escasa y peregrina", mientras Rosa Díez (UPyD) criticó "la incompetencia y la irresponsabilidad" del equipo de Zapatero. En cuanto al BNG, Francisco Jorquera, recordó de nuevo las dudas jurídicas que existen sobre la constitucionalidad de la medida.

Apenas hora y media antes de que comenzara la sesión, el portavoz del sindicato de controladores USCA, César Cabo, entregó en el Registro del Congreso de los Diputados el escrito suscrito por "cerca del 90%" de estos profesionales en el que dejan patente su compromiso de "continuidad de servicio" si el Gobierno levanta el estado de alarma y comienza una negociación con el colectivo, con el objeto de resaltar ante los diputados y la sociedad que "no hay justificación" para prorrogar esta situación de "anormalidad constitucional".