El TS despeja la vía para sentar a Garzón en el banquillo por investigar el franquismo

  • El Tribunal Supremo ha decidido no archivar la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.
  • Sin embargo, no entra a valorar si hay existencia de delito, sino que únicamente descarta que la causa no es "arbitraria, ilógica o absurda".
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.
Javier Lizón / EFE
El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este jueves la decisión del magistrado de este órgano Luciano Varela de no archivar la causa contra el juez Baltasar Garzón por declararse competente para por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil, despejando así la vía para sentarle en el banquillo por prevaricación.

En un auto notificado este jueves, el TS dice que en la resolución de Varela que recurrió el juez de la Audiencia Nacional, sin prejuzgar la existencia o no del delito, "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación", por lo que la causa debe seguir adelante.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Adolfo Prego y que está firmado también por el presidente de la sala de lo penal, Juan Saavedra y por Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, añade que no se aprecia ilegalidad alguna en la decisión de Varela al denegar en esta fase del procedimiento el sobreseimiento de la causa, por lo que desestima el recurso de Garzón.

El pasado mes de febrero el magistrado instructor de esta causa, Luciano Varela, rechazó archivar el caso y acusó a Garzón de "conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Varela sostenía que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (...), sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España"

Garzón consideró insostenibles y sin fundamento jurídico estos argumentos, por lo que recurrió esta decisión ante la sala de lo penal, que ahora ha concluido que no aprecia que el auto de Varela adolezca de errores fácticos "ni que sea ilógico su provisional juicio de tipicidad".

La sala no quiere contaminarse

La sala, que no entra en el fondo del asunto por considerar prematuras las alegaciones de Garzón y para no contaminarse ante el posible enjuiciamiento del magistrado, añade que el auto de Varela "contiene una muy técnica y bien construida motivación que explicita clara y razonablemente los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución".

El auto notificado este jueves añade que Varela "desarrolla ampliamente las razones por las que el instructor considera las resoluciones dictadas como contrarias a Derecho, analizándose sucesivamente y contrastándolas con las diferentes normas jurídicas de aplicación".

Ahora Varela tendrá que decidir si acuerda o no la apertura de juicio oral contra Garzón, si se trata de un procedimiento abreviado, o dicta auto de procesamiento, si es procedimiento ordinario, así como sobre las pruebas solicitadas por éste, entre ellas que cite a declarar como testigos a juristas que han destacado como "adalides" de la Justicia Universal.

Entre ellos figuran la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán, que en 1999 procesó a Augusto Pinochet, y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El Supremo investiga a Garzón a raíz de las querellas presentadas contra él por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, a las que posteriormente se sumó otra de Falange Española de las JONS.

Además, el El Tribunal Supremo investiga a Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, y por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados.

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