El Tribunal Supremo ha admitido este jueves a trámite una querella por prevaricación del abogado de un empresario imputado en el caso 'Gürtel' contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus defensores.

Así lo ha acordado la sala de lo penal del Supremo, según han informado fuentes de este tribunal, que tramita otras dos querellas contra el magistrado: una por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y otra por los cobros que recibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso 'Gürtel', sostiene que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".