Desde el pasado martes, los convenios colectivos autonómicos están blindados frente a los estatales. Así lo ha decretado el Gobierno, que acordó con el PNV dar prioridad a estos acuerdos frente a los de alcance nacional para investir a Sánchez. Se trata de un cambio técnico en la normativa laboral que ha pasado algo desapercibido, pero que tiene potencial para definir las condiciones de trabajo de casi 12 millones de trabajadores. En principio, el cambio debería ser beneficioso para los trabajadores. La redacción del decreto deja claro que solo se dará prioridad a la normativa autonómica cuando mejore la estatal. Sin embargo, la norma genera dudas entre juristas y sindicatos, que ven problemas claros de interpretación y auguran más conflictividad laboral.
La norma apenas tendrá efectos a corto plazo en el día a día de los asalariados, coinciden los expertos consultados por este periódico. Antes del cambio, ya coexistían convenios sectoriales, autonómicos y provinciales en algunas comunidades. "No supone un cambio de condiciones de ayer a hoy", sostiene Ana de la Puebla, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en conversación con 20minutos. "No es una alteración drástica del sistema vigente hasta el momento", agrega, por su parte, José Manuel Mateo, socio de Laboral en Garrigues.
Otro elemento que hace pensar que los beneficios serán limitados es que el Ministerio de Trabajo ha dejado fuera del blindaje de los convenios autonómicos ciertas materias. Los acuerdos de este nivel no pueden tocar cuestiones cruciales como la duración de la jornada laboral, los periodos de prueba o los tipos de contratos que se aplican en el sector. Además, hay que tener en cuenta los convenios de empresa siguen teniendo prioridad respecto a los sectoriales, salvo en cuestiones como el salario, siempre que el del sector sea mejor.
Los efectos empezarán a verse más bien a medio y largo plazo, cuando sindicatos y empresarios empiecen a preguntarse a qué acuerdo remitirse cuando se solapen convenios de distinto nivel. Y definirlo no se antoja tarea fácil. La legislación laboral española tiene una jerarquía endiablada a la hora de decidir qué convenio hay que aplicar, que ahora se complica más.
Cuando no hay un convenio de empresa (así ocurre en el 88% de los casos), el que se aplica es el sectorial. Puede darse la situación de que, para un mismo sector, exista un acuerdo provincial, otro autonómico y otro estatal. En este caso, se aplicaría el acuerdo autonómico por encima del estatal siempre que este sea más favorable. No obstante, también existe la posibilidad de que un convenio provincial (los más comunes) tenga prioridad sobre uno estatal, siempre que así se defina en acuerdos a nivel autonómico.
Pero es que, además, podría darse la paradoja de que un convenio provincial que sea menos favorable que uno autonómico se aplique por encima de este. Un sistema enrevesado que remite a aquel "la parte contratante de la primera parte", del célebre sketch de los hermanos Marx.
Más visitas a los juzgados
Para más inri, a este complicado orden jerárquico, se añade otra dificultad ¿Cómo se decide que un convenio es más favorable para el trabajador que otro? Hay dos opciones: se puede comparar artículo a artículo cada convenio y aplicar solo los más favorables o se puede hacer una interpretación completa de cada texto. Esta cuestión tendrá que resolverse en los tribunales, pero los juristas consultados por este periódico se inclinan por la segunda opción, mucho más subjetiva.
José Manuel Mateo, de Garrigues, vaticina que cuando haya solapamientos "se producirán conflictos interpretativos en los casos en que el convenio colectivo 'mejore' unas determinadas condiciones del convenio estatal pero, sin embargo, empeore otras". Coincide con esta visión Pedro Llorente, consejero de Laboral de Cuatrecasas, que opina que el decreto del Gobierno "puede derivar en un incremento de los procedimientos judiciales para que se determine la aplicabilidad de un convenio u otro".
"Pronostico mucha más litigiosidad, conflictividad y más inseguridad jurídica", señala, por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general política sindical en UGT, a este diario. Para Luján, la norma es "deficiente desde el punto de vista técnico" algo que achaca a que no se ha consultado con sindicatos y empresarios, lo que ha generado un importante malestar en sus filas. La postura del sindicato no es contraria a la existencia de convenios autonómicos o provinciales, aclara Luján, pero
¿Hacia una negociación autonómica?
Las consecuencias se irán viendo a medida que los convenios autonómicos y provinciales proliferen tras haber quedado blindados frente a los nacionales. Los incentivos para que la negociación colectiva se mueva en el terreno autonómico aumentan, lo que beneficia especialmente a las comunidades en las que los sindicatos regionales son mayoritarios, como es el caso de País Vasco o Galicia.
"Hay comunidades autónomas que tienen posibilidad de negociar convenios mejores y otras que no pueden negociar convenios porque no tienen sujetos legitimados o no lo tienen tan fácil", señala Ana de la Puebla, catedrática en la UAM. Esto podría provocar que se ensanche la brecha autonómica que existe en las condiciones laborales de los trabajadores, que serían mejores en las comunidades en las que los sindicatos regionales sean más poderosos.
También se puede dar la paradoja de que dos trabajadores de una misma empresa y con el mismo puesto, pero que desarrollan su labor en centros de trabajo de comunidades diferentes, tengan condiciones laborales distintas (mejores salarios, más vacaciones...). Esto haría que la gestión de recursos humanos y la aplicación de políticas laborales sea más difícil para las empresas, añade Llorente, de Cuatrecasas.
De igual modo, la prioridad que se acaba de dar a los convenios regionales tiene potencial para poner el foco de la negociación colectiva en la comunidad autónoma o la provincia. "Podría darse —ya veremos si se cumple— que las patronales empresariales valoren abandonar paulatinamente la negociación de convenios de ámbito nacional y se centren en los convenios autonómicos", concluye José Manuel Mateo, de Garrigues.
Comentarios