Los agentes sociales llevaban meses negociando con el Ministerio de Trabajo la letra pequeña de la reforma del subsidio por desempleo, sin embargo, supieron que se había incluido la prelación de los convenios autonómicos en el real decreto-ley con el anuncio del PNV. El Gobierno se escudó en que es uno de los puntos recogidos en el acuerdo firmado entre el PSOE y el partido nacionalista para no llevarlo a la mesa, algo que no ha convencido ni a la patronal ni a los sindicatos, que han cargado contra el Ejecutivo por "injerir" en las funciones que les asigna la Constitución y continuar en su "deriva intervencionista" en el ámbito laboral.
El texto publicado este miércoles en el BOE 'cuela' una modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores por el que se altera el orden de los convenios autonómicos para que se aplique el que más favorezca al trabajador. Los agentes sociales consideran inadmisible que se altere lo pautado en la reforma laboral -en la que se evitó que primase el acuerdo desarrollado dentro de la empresa- y que se haga sin negociación. Al ser preguntada al respecto este martes, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, le restaba importancia, ya que los convenios autonómicos habían ocupado este lugar hasta la década de los noventa y ahora se garantizaba que el empleado saliera beneficiado.
No obstante, no es algo que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT pasen por alto, según han dejado claro en los comunicados que cada organización ha publicado en los dos últimos días. Los empresarios, que no prestaron su firma al texto del subsidio a pesar de hacer aportaciones a la negociación hasta el último momento, denuncian que se ha "modificado, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores", sin la consulta obligada por el artículo 7 de la Constitución.
"No es la primera vez que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual" reprocha la patronal, que considera este paso especialmente grave porque con dicho acuerdo se cumplió un hito del Plan de Recuperación.
Tampoco convence a las centrales sindicales. "Desde CCOO hemos venido reclamando la apertura del diálogo social para abordar la articulación de la negociación colectiva entre empresa, sectores y territorios y la prevalencia de los convenios que es manifiestamente mejorable, pero el Ministerio de Trabajo ha apostado por la regulación sin contar con los agentes sociales" le recriminaba este martes el sindicato encabezado por Unai Sordo. Los negociadores entienden que se ha roto "la normalidad del desarrollo del diálogo social" al incluir también una reforma del despido en caso de incapacidad permanente que solo se ha acordado con CERMI.
"No está hablado ni mucho menos negociado con nosotros" respondía UGT a las preguntas de los periodistas. "El respeto a los interlocutores sociales recogido en el artículo 7 de la Constitución española exigía que, sin afectar a la capacidad legislativa que nuestro texto fundamental reserva al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos, una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la estructura convencional colectiva fuera tratado, debatido y abordado con carácter previo en la mesa tripartita de diálogo social".
Menos aún ha gustado que el Gobierno haya decidido modificar la norma que regula el Consejo Económico y Social (CES), la institución que recoge el diálogo social, para alterar la representación de los empresarios y abrir el paso a Conpymes que son afines a los "intereses" del Gobierno, según critica CEOE. "Se trata de una medida que no forma parte del acuerdo con las organizaciones sindicales" recordaba CCOO, que señalaba que no se trata del vehículo adecuado para modificar la norma, sobre todo si no se ha consultado a los agentes sociales o a la institución.
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