A menos de una semana de la fecha prevista, el Ministerio para la Transición Ecológica no tiene cerrados todavía los contratos para disponer este verano de 45 aeronaves, entre aviones y helicópteros, para apoyar el despliegue de las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios forestales de cara al verano. La combinación de una fuerte competencia entre países por los servicios que ofrecen empresas españolas para luchar contra incendios que antes no se declaraban en sus territorios, la insuficiencia del precio ofrecido por el Gobierno para cerrar los contratos, en un proceso en el que ha tenido hasta que mediar un tribunal, y la guerra de Ucrania, de la que derivaron sanciones de la UE contra Rusia que afectan al mejor helicóptero de su clase, inciden en el retraso de la contratación por parte del departamento de Teresa Ribera para contar con cerca del 20% de los medios de los que España dispuso el año pasado. Tras un frustrado proceso de contratación pública, solo apenas hace unos días Ribera activó la contratación de emergencia y empezó a invitar a las compañías del sector para que presten estos servicios, por mucho menos tiempo y un poco más de dinero del que ofreció a principios de año.
Estos 45 aviones y helicópteros -más sus pilotos y sus técnicos de mantenimiento- es una de las dos aportaciones del Gobierno central al dispositivo aéreo contra los incendios que también engrosan unas 200 aeronaves por parte de las comunidades. En su caso, están contratadas con contratos plurianuales que no vencen este año y no se ven todavía afectados por la competencia internacional por hacerse con ellos, a pesar de que las empresas del sector los acusan de lo mismo, de estar bastante por debajo del precio actual de mercado. Una quincena de aviones anfibios que mantiene el Ejército del Aire, de los que 11 tienen que estar disponibles en la época de más riesgo, el verano, completan los medios españoles para luchar contra los incendios.
Sin embargo, a pocos días de la fecha prevista para que estuvieran disponibles -el 1 de junio, el primer día de un contrato por 30 meses que incluía los veranos de 2024, 2025 y 2026-, el Gobierno se ha visto obligado a activar una contratación de emergencia tras descarrilar la licitación pública que empezó en enero y a la que solo concurrió una empresa con dos aviones. En este tiempo también ha mediado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC) por parte de las empresas del sector contra las condiciones de contratación y la decisión del Ministerio de esperar a su resolución en lugar elaborar nuevos pliegos cuando vio que solo una había acudido a su convocatoria. La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire), que reúne a más del 80% de las empresas del sector, no entiende por qué el Ministerio ha dejado pasar tanto tiempo. No ha sido hasta mismo miércoles cuando las empresas empezaron a recibir "invitaciones" por parte de Transición Ecológica para acudir a una contratación de emergencia, por una leve mejora del precio ofrecido en enero y por un periodo mucho más corto, del 1 de junio hasta final de octubre. Según indican en el sector antiincendios, con tan poco tiempo es "prácticamente imposible en la mayoría de los casos" que Ribera consiga reunir las 45 naves que requiere de empresas que además empiezan a ser contratadas por otros países en mejores condiciones.
De la licitación a la emergencia
El lanzamiento de esta contratación de emergencia es el último episodio de un largo proceso por parte del Ministerio para intentar contratar aviones y helicópteros de lucha contra el fuego que se ha visto obstaculizado por los efectos de una cada vez mayor competencia internacional, por un recurso judicial y por la decisión de los de Ribera de esperar a su resolución en lugar de haber reelaborado los pliegos tras comprobar en febrero que no tenían ofertas suficientes por las condiciones que ofrecían.
Todo empezó cuando en enero el Ministerio lanzó una oferta para contratar 27 helicópteros de transporte y lanzamiento de agua y 18 aviones anfibios y de carga en tierra, en 20 lotes y por 160,9 millones en total, según la memoria justificativa que detallaba también la base antiincendios en la que estaría destacada cada nave.
El primer obstáculo para la contratación no tardó en llegar, porque cuando cerró el plazo de presentación de ofertas a mitad de febrero, el Ministerio se encontró con que sólo una empresa había acudido a la licitación, para la contratación solo de dos aviones. Esto entronca con el primer problema que está encontrando España para contratar medios antiincendios, que tiene que ver con el precio que está dispuesta a pagar por ellos.
Ataire lleva denunciando desde el año pasado que los precios han subido, que las empresas españolas de este sector son consideradas líderes en todo el mundo y que, si hasta ahora la demanda de aviones y helicópteros era escasa y se limitaba a algunos países del sur de Europa, ahora está disparada, porque el cambio climático está haciendo que más países registren incendios y busquen medios para luchar contra ellos. Hablamos de Portugal, Turquía o Grecia, pero también de países nórdicos como Noruega, dispuestos a pagar más que en España por aviones o pilotos especializados. "Desgraciadamente, los incendios han dejado de ser una característica propia de los países mediterráneos y la demanda de ese tipo de aviones operativos y servicios se ha disparado en zonas mucho más al norte de nuestras latitudes", afirmaba Ribera en abril en el Senado, cuando todavía apuntaba a la posibilidad de abrir una "segunda ronda" de ofertas para contratación ordinaria, que finalmente se resolverá mediante contratos de emergencia. Su reflejo en la realidad es que en febrero el Ministerio solo podría haber contratado dos de las 45 aeronaves que precisaba en una contratación en la que aludía a "precios de mercado" y también a la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado".
Sin embargo, las vicisitudes de esta contratación pública no quedaron ahí, porque casi al mismo tiempo en que se cerró la presentación de ofertas, Ataire recurrió la licitación ante el TACRC, que le dio la razón en su negativa a que las empresas contratadas tuvieran que suministrar combustible a todas las naves que operaran en las bases antiincendios en las que sus aeronaves fueran destacadas y, al contrario, dio la razón al Ministerio por lo que respecta a fijar condiciones laborales de los pilotos a los que iba a contratar. Al margen del resultado, el recurso no llevó al Ministerio a sacar un nuevo concurso, cuando ya sabía que solo una empresa había acudido al anterior y solo lo suspendió a la espera de que el Tribunal resolviera. Cuando eso sucedió, a mitad de marzo, levantó la suspensión y desde entonces las empresas del sector han estado esperando una nueva oferta, algo que solo empezó a llegar a mitad de esta semana en forma de contratación de urgencia, para tenerlo todo cerrado en menos de 10 días, en un momento en el que Ataire advierte de que ya las empresas españolas están contratando con otros países.
"El precio en España [por contratar aviones o helicópteros] estaba algo bajo porque era un oligopolio, aceptabas un poco las condiciones porque no te podías ir a otro lado y contratabas lo que ofrecía España", explica Dámaso Castejón, secretario general de Ataire. "Ahora hay muchos más ofertantes, que además tienen millones disponibles, está ocurriendo que van a duplicar el precio", añade sobre la creciente competencia internacional por los aviones y helicópteros de la flota privada española, referente en todo el mundo. "Un avión de los pequeños, que por una campaña se contrata por un millón, en Portugal a lo mejor pagan dos millones".
De dos a un fabricante por las sanciones a Rusia
Además del exceso de demanda, la tormenta perfecta que se cierne sobre la disponibilidad de medios aéreos para luchar contra los incendios se completa con una restricción de la oferta que, por desconectada que parezca, tiene su origen en la guerra de Ucrania. En concreto, en las sanciones de la UE contra el régimen de Vladimir Putin que han terminado afectando también al 'rey' de la lucha desde el cielo contra los incendios, el helicóptero el Kamov, el mejor en su clase por ser más versátil que un avión pero con su misma capacidad para lanzar agua. Debido a las sanciones, los países europeos ya no pueden comprar más unidades y tampoco importar piezas para el mantenimiento de unas naves que acusan mucho desgaste cada temporada de incendios. "Ya se ha acabado esa posibilidad porque, como mucho, hay uno o uno y medio", dice Castejón, sobre la disponibilidad de helicópteros Kamov en condiciones.
Sin posibilidad de comprar más helicópteros rusos, el mercado queda reducido a solo uno de los dos fabricantes de referencia, los aviones canadienses Canadair, que hasta 2015 fabricó Bombardier y en los últimos años los ha recuperado la también canadiense De Havilland Aircraft. En estos momentos está terminando un pedido de 22 aeronaves, de las cuales siete son para España, señalan fuentes de la compañía a preguntas de este periódico acerca de si han notado un aumento de pedidos, bien debido a la desaparición de su competencia rusa, bien por el aumento de la demanda desde países donde antes no había incendios forestales. "Tenemos un significativo interés en el avión [Canadair], menos debido al conflicto en Ucrania pero más como resultado de retomar la producción y el impacto de cambio climático en países por todo el mundo", señala un portavoz de esta empresa vía e-mail.
Compra de aviones anfibios
Los siete aviones anfibios -nuevos DHC515 y sendas actualizaciones de los Canadair CL-215 y CL-415, todos fabricados por De Havilland Aircraft- son los que en abril anunciaron las ministras de Defensa y de Transición Ecológica, Margarita Robles y Teresa Ribera, como un "hito" en la preparación en la lucha contra los incendios. El Gobierno pagará por ellos 375 millones para "modernizar" la flota que opera el 43 Grupo del Ejército del Aire. Se unirán a otros 14 aviones, después de subastar otros cuatro "ya obsoletos". Pertenecen a los dos ministerios, que los gestionan de manera conjunta. Orgánicamente dependen de Defensa pero es Transición Ecológica el que decide dónde actúan en función del riesgo del incendio y la solicitud que hagan las comunidades autónomas.
"No hay tantos fabricantes de este tipo de aviones. Básicamente, los grandes proveedores de este tipo de aviones eran Rusia y Canadá, por tanto, nos hemos quedado con uno solo, lo que explica una complejidad adicional", explicaba Ribera en el Senado hace unas semanas. "En la medida en que todo el mundo demanda lo mismo al mismo tiempo, aviones disponibles o nuevos aviones y servicios de acompañamiento, hay claramente una necesidad de ser extraordinariamente cuidadosos, y es lo que venimos haciendo".
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