El nuevo proyecto para la Ciudad de la Justicia de la capital que lanzó la Comunidad de Madrid el pasado otoño, el segundo con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno autonómico, ha conseguido generar interés entre las principales constructoras españolas. El contrato, que supera los 683 millones de euros (impuestos incluidos), ha recibido un total de cinco ofertas en las que se agrupan hasta 13 grandes empresas, porque todos los licitadores se han agrupado en uniones temporales (UTE) de empresas que, en su mayoría, muestran interés en los dos lotes en los que se dividió el proceso para agilizar las obras.
Las UTE que se han postulado para levantar la Ciudad son: OHLA-Azvi- Rover; Constructora San José-Avintia; Dragados-Acciona Construcción; Ferrovial Co-Sacyr Co-FCC Co; y Ortiz-Lantania-Vias, que es la única que se ha postulado únicamente para el lote 1. Este incluye la redacción de proyectos y ejecución de obra para la construcción del parking público y de los edificios del Tribunal Superior de Justicia y las audiencias provinciales, mientras que el segundo se centra en la redacción de proyectos y ejecución de obra para la construcción de los edificios de las jurisdicciones civil y penal, así como de la Fiscalía.
La Real Casa de Postas ha sido escenario este martes la primera reunión de la mesa de contratación del proceso con el objetivo de abrir la documentación administrativa. Tras este formalismo, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha valorado el interés de las empresas en esta iniciativa y ha manifestado su "satisfacción" por el resultado de esta parte del proceso que acerca la Ciudad de la Justicia de la capital al plano de la realidad.
García ha recordado que el relanzamiento del campus judicial, una aspiración de varios gobiernos regional que han pasado en los últimos 20 años por la Puerta del Sol, fue uno de los principales encargos de Díaz Ayuso al principio de esta legislatura, a mediados de 2023. "En tan solo nueve meses hemos conseguido realizar de manera precisa y eficaz todos y cada uno de los hitos que nos propusimos para llegar a hoy", ha destacado el consejero reconociendo el "esfuerzo" de su gabinete.
Sobre los próximos pasos a dar, el también portavoz del Gobierno ha explicado que esperan tener la propuesta de adjudicación para los dos lotes "antes de finalizar este verano". "Se firmarán los correspondientes contratos administrativos antes de que concluya el verano y este año podremos adjudicar los contratos", ha detallado.
A partir de ese momento, la UTE que resulte adjudicataria de cada uno de los lotes dispondrá de hasta nueve meses para redactar los proyectos arquitectónicos definitivos y presentarlos a la Comunidad, que mantiene que las obras podrán comenzar en el primer semestre de 2025.
Un plan regional desde hace dos décadas
La Ciudad de la Justicia de Valdebebas reside en el imaginario popular madrileño desde 2004. El primer Ejecutivo de Esperanza Aguirre lanzó un ambicioso planteamiento de 14 edificios diseñados por algunos de los principales arquitectos del mundo, como Norman Foster, que nunca llegó a ejecutarse al completo y que acabó en los juzgados. Precisamente, la Audiencia Nacional está juzgando al exvicepresidente madrielño y exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a cinco exdirectivos de la empresa pública que se creó para implantar el proyecto por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En el centro del caso están los contratos que se adjudicaron entre 2005 y 2008 y que según la investigación habrían supuesto la pérdida de unos 332 millones de euros para las arcas públicas madrileñas. "Convirtieron la Ciudad de la Justicia en un parque temático en el que solo importaba la publicidad del proyecto estrella para lo que inundaron Madrid con miles de folletos", dijo este lunes el fiscal del caso, que pide 8 años de prisión y 13 de inhabilitación para Prada y seis para los otros cinco acusados.
El antecesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González, trató de revivir los planes, aunque el resultado volvió a ser la ausencia de materialización y los tribunales, toda vez que la expresidenta Cristina Cifuentes decidió no seguir adelante con la Ciudad de la Justicia, algo que recurrieron las constructoras OHL y Acciona, que lustros después se han vuelto a postular para materializar las obras.
Esta causa llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2020 rechazó definitivamente los argumentos de las compañías, que pedían ser indemnizadas, y dejó las manos libres a Isabel Díaz Ayuso para diseñar su propia iniciativa de unificación de sedes judiciales, una aspiración que hoy está más cerca tras el interés mostrado en la última licitación.
El proyecto actual
El proyecto actual contempla la gestión directa de la Ciudad de la Justicia tras una inversión pública de hasta 683 millones de euros hasta 2028. El complejo tendrá en torno a una decena de edificios en una superficie de 236.000 m2 sobre rasante y 198.000 bajo el suelo. Todos tendrán muy en cuenta la eficiencia energética y estarán completamente digitalizados, además de ser 100% accesibles.
El Gobierno regional sostiene que la Ciudad de la Justicia de Madrid será "la más grande del mundo" y a diario pasarán por ella unas 33.000 personas. Esto hace que el acceso a la nueva infraestructura sea uno de los aspectos prioritarios en los que ya se está trabajando, con la construcción del intercambiador de Valdebebas que estará listo este año, y en los que se prevé seguir ahondando, con la futura llegada de la línea 11 de metro.
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