Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados rechazaron este jueves la propuesta de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) de reprobar al Papa por las palabras de Benedicto XVI sobre el sida y el uso del preservativo en su viaje a África el pasado mes de marzo.

La proposición no de ley, defendida por Joan Herrera (ICV) y debatida en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pretendía que el Gobierno español protestara "por vía oficial y diplomática", a través del embajador español ante la Santa Sede, contra las declaraciones del Papa.

El texto de la iniciativa, que reproduce la declaración de condena que aprobó el Parlamento belga para criticar las "inaceptables" palabras del Papa, no ha conseguido el apoyo de los representantes del PSOE, PP, CiU y PNV.

En su visita a África, Benedicto XVI dijo que "no se puede resolver el flagelo (del sida) con la distribución de profilácticos: al contrario, el riesgo es que se pueda aumentar el problema".

'Bronca' de los obispos

Pese al rechazo de la propuesta, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lamentado que el Congreso de los Diputados haya puesto a votación la iniciativa y ha afirmado que se pone en peligro el principio de la libertad religiosa.

En un comunicado, la CEE habla de "la fallida reprobación del Papa por una Comisión parlamentaria" y señala que los obispos lamentan "profundamente" que se admitiese a trámite la iniciativa y que se haya votado "una reprobación de las palabras y de la actuación" de Benedicto XVI".

Tras afirmar que el Parlamento, como institución fundamental que ejercita tal función en el Estado de derecho, "merece el máximo respeto de todos", la CEE afirma que con acciones como ésta "el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa".

Los obispos añaden que "la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas, y en nuestro caso, de la Iglesia Católica, mientras no esté probado que atenten contra el orden público".

Para la Conferencia Episcopal "tratar de interferir por medio de reprobaciones políticas parlamentarias en la guía moral que el Papa ejerce en la Iglesia mediante su Magisterio ordinario, contradice seriamente el principio de no intervención y lesiona el derecho de libertad religiosa".