Un total de 108.000 docentes de la enseñanza pública en Andalucía están llamados a secundar la huelga convocada para este martes por los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO -tres de los cinco con representación en la mesa de negociación-. Entre las exigencias que plantean destacan la ampliación de la plantilla y la bajada de la ratio. Por ello, reclaman a la Junta que "rectifique y retome el diálogo" para "avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo".
Las organizaciones convocantes han organizado concentraciones a las 12.00 horas en Obispo Orberá, en Almería; en el Ayuntamiento de Cádiz; en el Parque de los Patos en Córdoba; en Puerta Real en Granada; en el Consistorio de la capital onubense; en la Subdelegación del Gobierno en Jaén; en la Delegación de Educación de Málaga y en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, en Sevilla, según el detalle ofrecido por ANPE, Ustea y CCOO.
"No hay motivos de peso" para la huelga
Ante esta convocatoria, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado que "no hay motivos de peso" para esta huelga. Para ello, ha ofrecido cifras tanto de aumento de plantilla como de bajada de ratio. Sobre los recursos humanos, ha asegurado que en el sistema hay 7.000 profesores más que hace cinco años a pesar de que se han perdido 90.000 alumnos.
Sobre las retribuciones, "los docentes andaluces eran los peor pagados de España y ahora están por encima de la media salarial de España", ha defendido: "la más amplia, la mejor pagada y la más estable de la historia". En este punto, ha recordado la próxima convocatoria de 14.000 plazas para 2025 y 2026 y ha remarcado que desde 2019 y hasta 2026, la Junta habrá convocado 40.000 plazas, "el triple" de lo que convocaron gobiernos autonómicos socialistas en el mismo periodo de tiempo.
En cuanto a la media de alumnos por clase, en el 44% de las aulas -solo de la pública y sin contabilizar la escuela rural- de Infantil y Primaria, la ratio está por debajo de los 20 alumnos. En el caso de Secundaria, el 92% de las aulas están por debajo de los 30 estudiantes que fija la ley. "Son motivos para seguir trabajando", ha abundado la consejera, que ha afeado al PSOE su apoyo a esta huelga y a las concentraciones previas en las que, según ella, "se pidió que cerráramos la concertada, una pieza clave" del sistema. "No lo puedo entender", ha apuntado.
El diálogo se mantiene abierto
La consejera ha defendido que el diálogo se mantiene abierto en la mesa de negociación, en la que en estos momentos hay tres temas que se están abordando, tales como el refuerzo de plantilla en zonas de transformación social, la ley de autoridad docente y la desburocratización. "No encuentro los motivos para esta huelga. Francamente, no encuentro motivos de peso", ha sentenciado.
En un comunicado conjunto, los tres sindicatos remarcan la "necesidad" de aumentar las plantillas docentes de la educación pública andaluza. A principios de este curso, ya reclamaron a la Consejería la apertura de negociaciones para avanzar en este tema que consideran "una necesidad urgentísima".
Pese a que parecía haber "un leve inicio de negociaciones" al respecto, "después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas el pasado 1 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió unilateralmente estas negociaciones escudándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024".
Piden el cambio de actitud de la Consejería
Ante esta "falta de consideración", ANPE, Ustea y CCOO han convocado esta marcha. "Con esta jornada de huelga exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería que haga posible, esta vez sí, avanzar verdaderamente en medidas que refuercen la escuela pública andaluza y dignifiquen la labor del profesorado que la sostiene".
"Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y el Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de las instituciones andaluzas de ejercer sus competencias para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la administración solo responde a la falta de voluntad política del Gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar", han argumentado.
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