El Senado ha aprobado este miércoles una moción en la que urge al Gobierno a destituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el "incumplimiento" de sus funciones. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante la iniciativa y pedir al Ejecutivo que designe a un nuevo candidato. La moción ha contado con el respaldo de PP y Vox, mientras que el PSOE y la Izquierda Confederal han votado en contra y ERC, Junts, PNV y EH Bildu se han abstenido.
El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que García Ortiz ha desatendido sus obligaciones como fiscal general. "Los incumplimientos no es que sean graves o reiterados, son graves y reiterados", ha afirmado la senadora popular Asunción Mayo en el Pleno del Senado en el que se ha debatido la moción. Los de Feijóo afean a García Ortiz que se haya negado en dos ocasiones a elaborar un informe sobre la ley de amnistía a petición del Senado, algo para lo que el jurista argumenta carecer de competencias porque el texto se encuentra todavía en tramitación parlamentaria.
Entre los motivos para cesar al fiscal general, el PP señala también que el Tribunal Supremo le ha "desautorizado" en tres ocasiones al anular el nombramiento de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de la sala de lo Militar del alto tribunal y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no consideró a García Ortiz como un candidato idóneo para ocupar el cargo que actualmente ocupa. "Esto no es ningún ataque personal al señor García, ya se desacredita él solo con sus acciones y sus omisiones", ha ironizado la senadora popular.
La reprobación del fiscal general por parte del Senado llega apenas un día después de que este martes el Tribunal Supremo tumbara el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y de que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid decidiera investigar una querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales por presunta revelación de secretos. Vox ha coincidido con el PP en denunciar una "degradación" de la Justicia y en acusar a García Ortiz de "parcialidad" y de hacer un "uso partidista" del Ministerio Público.
En realidad, el Gobierno no podría cesar al fiscal general, tal y como establece la legislación vigente, aunque él sí podría dimitir, algo que el propio García Ortiz descartó este martes. No obstante, desde el PP defienden que el Consejo de Ministros sí podría evaluar si el actual fiscal general incurre en alguna causa de cese, como el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. "Yo lo que he pedido al Consejo de Ministros es que lo evalúe", ha insistido Mayo.
Los populares hacen responsable al Gobierno del desprestigio que, a su juicio, García Ortiz ha impregnado en la Fiscalía General del Estado y acusan a Pedro Sánchez de "manosear, colonizar y desprestigiar todas las instituciones a su alcance". "Creemos que es hora de recuperar el prestigio de las instituciones y exigimos que el Gobierno estudie y acuerde ya el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese al Gobierno entero, que están fiscal general y Gobierno al mismo nivel de descrédito", ha afirmado la senadora del PP.
El PSOE ha respondido a las críticas y ha salido en defensa de García Ortiz y de su predecesora, la también exministra de Justicia Dolores Delgado. En ese sentido, el senador socialista José María Oleaga ha elogiado los currículum de ambos juristas, calificándolos como "brillantes", y ha vinculado los ataques del PP a ambas figuras por sus respectivas intervenciones en el caso Prestige y en la exhumación del dictador Francisco Franco. "Esa es la causa de su inquina", ha aseverado.
"Me sigue sorprendiendo su capacidad para pervertir la política y la democracia y elevarlo todo a conflictos", ha afeado también a los populares la senadora de Más Madrid Carla Antonelli. "Lo que hay hoy aquí en disputa no es ni más ni menos que el futuro de la democracia y en Más Madrid tenemos claro de qué lado estamos, apoyando al Gobierno progresista, que democratice las instituciones y los poderes del Estado, empezando por el propio poder judicial", ha afirmando, anunciando así su voto en contra y mostrando su respaldo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La mayoría de las formaciones sobre cuyo respaldo se asienta el Gobierno han optado por abstenerse. Ha sido el caso de Junts, ERC, PNV y EH Bildu. El senador de Junts Josep Lluís Cleries ha denunciado falta de independencia por parte del Ministerio Público, pero ha advertido al PP de que puede dar "pocas lecciones" sobre el funcionamiento de la Justicia. En la misma línea, el senador del PNV Igotz López ha reclamado una mayor autonomía para la Fiscalía General del Estado respecto del poder ejecutivo y ha señalado que se trata de un "problema estructural, no de García Ortiz". "El problema es la falta de división de poderes", ha recalcado.
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